RSF pide "un nuevo marco regulador" para los medios en Chile

París, 10 sep.- Reporteros Sin Fronteras (RSF) hizo hoy un llamamiento solemne para que se promueva en Chile "un nuevo marco regulador en materia de comunicación", escrita, audiovisual y radiofónica, en vísperas del aniversario del golpe de Estado de 1973 contra el régimen de Salvador Allende.

"La esperanza de que exista un pluralismo real" no puede desarrollarse en un ámbito de regulación heredado de la dictadura, destacó Reporteros, que pidió a las autoridades políticas y administrativas chilenas que se coordinen "con organizaciones del gremio y representantes de la sociedad civil concernidos".

Subrayó, asimismo, que "la despenalización de los delitos de prensa", en especial de difamación, es aún un reto en Chile, al que se suma "el de una legislación que garantice un equilibrio del espacio de difusión" a todos los medios de comunicación, públicos, privados o comunitarios.

Para Reporteros, de hecho, el cuestionamiento de ese "statu quo" heredado de los años de Augusto Pinochet en el poder (1973-1990) "también se encuentra en el origen de los actuales movimientos sociales".

En relación con el anunció del cierre definitivo de La Nación, el próximo día 24, consideró que "hace temer" el fortalecimiento del monopolio, fenómeno que "es ya de por sí muy fuerte" en la prensa escrita y favorece a los dos grupos privados nacionales dominantes: El Mercurio y Copesa (editor del periódico La Tercera).

En el área audiovisual existe el mismo temor por la privatización de la Televisión Nacional de Chile (TVN), que muy pronto podría ser objeto de una ley, añadió la organización defensora de la libertad de prensa.

También hizo referencia a la ley de Servicios de Radiodifusión Comunitaria y Ciudadana promulgada en mayo de 2010 y que "en teoría debería permitir a la Subtel (Subsecretaría de Telecomunicaciones) reordenar el espectro de frecuencias en el país" y despejar el segmento asignado en la nueva ley a las radios comunitarias.

Pero este proyecto implica la cesión o reasignación de frecuencias, de las que posee 211 el consorcio Iberoamericana Radio Chile, propiedad de PRISA, grupo que el pasado 21 de agosto se opuso a firmar la propuesta de acuerdo elaborada tras meses de trabajo en esa dirección, añadió el comunicado.

Dicho acuerdo, indicó, implicaba para PRISA modificaciones técnicas de sus radios, que rechazó aduciendo estar a la espera de que "se resuelva la situación legal" de renovación de algunas de sus frecuencias en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Agregó que otro gran problema para los radiodifusores comunitarios concierne al "muy represivo" artículo 36 B de la Ley General de Telecomunicaciones 18.168, que prevé aún penas de prisión si se operan "servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o radiodifusión" sin la autorización oficial.

En virtud de esta ley adoptada en 1982, bajo la dictadura, a finales de agosto allanaron en Collipulli (Araucanía) la estación Radio Vecina, decomisaron su equipo y detuvieron durante diez horas a su representante, Víctor Díaz, informó.

También amenazaron recientemente a la radio mapuche Kimche Mapu, en la Araucanía; a Radio Lógica, en el área metropolitana de Santiago, y a Radio Galáctika, en los alrededores de Valparaíso, destacó Reporteros, que pidió "la abrogación pura y simple" de esa ley que criminaliza a los pequeños medios de comunicación, muchos de ellos a la espera de su regularización desde hace más de diez años.