Como es tradición, el Gobierno en funciones ha aprovechado el último Consejo de Ministros del año para dar trámite a toda una serie de medidas supuestamente temporales pero que se han consolidado en el ordenamiento normativo doméstico por el riesgo reputacional y electoral de llevárselas por delante. Lo ha hecho a través de un Real Decreto de medidas urgentes en materia de Fiscalidad y Seguridad Social, que esta vez no ha incluido ninguna sorpresa relevante, que no ha incluido ni la subida de las pensiones ni la actualización del Salario Mínimo ni la subida salarial a los funcionarios, pero que sí ha dado carrete a medidas que de otro modo hubieran caducado el próximo martes, 31 de diciembre.
Entre el paquete de medidas fiscales aprobadas este viernes destaca la enésima prórroga del Impuesto de Patrimonio, que fue reinstaurado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en los estertores de su gestión -en el año 2011 y solo dos años después de suprimirlo del ordenamiento fiscal por primera vez en la historia- y que garantiza cerca de 2.000 millones de euros en ingresos fiscales para las comunidades autónomas, pese a su endémico carácter temporal. Hay que recordar que se trata de un impuesto que se creó en el año 1980 con carácter transitorio y que sobrevivió a su naturaleza temporal durante nada menos que 28 años hasta que Zapatero resolvió eliminarlo en 2018 cuando los ingresos tributarios marcaban cifras récord. Luego sobrevino la crisis y el Gobierno se vio obligado a recuperarlo.
Como ya adelantó La Información, el Ejecutivo ha resuelto también prorrogar un año más los límites de exclusión para que autónomos y profesionales puedan tributar a través del controvertido sistema de módulos. De no aprobar esta prórroga, el umbral de exclusión para poder tributar por módulos se habría reducido desde los 125.000 euros facturados a otros empresarios y profesionales de la actualidad hasta los 75.000 euros, un recorte que daría con los huesos de cerca de 200.000 profesionales autónomos -alrededor de la mitad de los que ahora tributan por módulos- en el Régimen de Estimación Directa, es decir, tributando por sus ingresos efectivos y no por otros criterios
La tercera medida fiscal de la que ha dado cuenta este viernes la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá -en una comparecencia inusual, ya que suele ser el presidente del Gobierno el que asume la comunicación tras el último consejo de ministros del año-, es el 'catastrazo' de todos los años: la revisión de los valores catastrales de decenas de miles de municipios que es preceptiva y que sirve para actualizar los valores a partir de los cuales se calculan los impuestos que los ciudadanos de esos municipios pagan por sus inmuebles. A la espera de que el Catastro culmine el sistema de actualización permanente de los valores catastrales, bloqueado como tantas otras cuestiones en la parálisis del Gobierno en funciones, la ausencia de Gobierno no impedirá que el Catastro y cientos de ayuntamientos renueven la valoración de los inmuebles ubicados en esas localidades.
Los 'viernes sociales' deberán esperar al nuevo Gobierno
Después de varias semanas de solicitudes de informes a la Abogacía del Estado para chequear su margen de maniobra a la hora de aprobar la subida de las pensiones o del Salario Mínimo Interprofesional estando en funciones, el Ejecutivo ha optado, en parte por la presión de Unidas Podemos, por dejar los 'viernes sociales' para cuando exista un Gobierno en plenitud de atribuciones. Celaá ha tratado de enmascarar esta situación 'anunciando' una subida de pensiones del 0,9% para 2020, una actualización de los salarios de los funcionarios y también un alza del Salario Mínimo "en el instante en el que haya constituido un Gobierno", lo que certifica que no se aplicarán en ningún caso desde el 1 de enero de 2020 que es el escenario con el que había jugueteado el Gobierno en las últimas semanas.
En materia de Seguridad Social, la principal medida que ha anunciado la ministra portavoz es la prórroga de la llamada 'cláusula de salvaguarda', acordada por empresarios y sindicatos en el año 2011 para blindar las pensiones de los ciudadanos que perdieron su empleo durante la primera fase de la crisis por reducciones de plantilla o ERE de empresa y garantizarles el esquema anterior a la reforma del año 2011, que de algún modo ajustó las pensiones.
Aunque hay otra igualmente relevante. El Real Decreto aprobado este viernes por el Congreso 'suspende' la aplicación de la reforma de pensiones del PP de 2013 para impedir que aunque solo sea por unos días se aplique la revalorización del 0,25% prevista en función del Índice de Revalorización de las Pensiones aprobado por el Gobierno Rajoy y repudiado de forma expresa tanto por el Gobierno Sánchez como por el Pacto de Toledo. El Gobierno en funciones de Sánchez ha preferido que las pensiones inicien el año congeladas a que apliquen esa actualización mínima según el esquema de 2013. Su justificación es doble. Por una parte, política, por la negativa expresa del Ejecutivo a aplicar el sistema del PP; y por otra parte de gestión, bajo el argumento de que subir las pensiones un 0,25% ahora y luego aplicar la subida del 0,9% comprometida por el Gobierno para cuando tome posesión exigiría una doble adaptación informática y una doble comunicación a los pensionistas, a los que la ley obliga a informar de cualquier subida.
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