España se opondrá a la directiva de consumidores porque "resta derechos"

Santander, 28 jul.- España se opondrá a la directiva sobre derechos de los consumidores, que previsiblemente será aprobada por el Consejo de Europa en septiembre, porque considera que "resta derechos y garantías" a los ciudadanos españoles, según la directora general de Consumo del Ministerio de Sanidad, Etelvina Andreu.

Así lo ha señalado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde ha afirmado que, con la aprobación de esta directiva, los ciudadanos españoles perderán derechos ya adquiridos.

Andreu ha recordado que esta directiva fue respaldada por el Parlamento Europeo en junio y ha señalado que previsiblemente será aprobada en septiembre por el Consejo Europeo, con los únicos votos en contra de España y Austria.

Según ha explicado, su finalidad es armonizar los derechos y deberes de los consumidores de los 27 países de la UE pero será una norma de "máximos", que no permitirá a ninguno de los estados miembros imponer una mayor protección, informa en un comunicado el Consejo del Notariado, que ha organizado el curso que ha inaugurado Andreu.

Como ejemplo de esa perdida de derechos, la directora general ha citado la regulación que se establecerá por la devolución de una compra, con la que se amplia el plazo pero que hará que el consumidor tenga que pagar los gastos de devolución del objeto y una cantidad por los días que haya estado en su poder.

Aunque el texto inicial, ha apuntado, pretendía regular todo el comercio transfronterizo, finalmente solo regulará los derechos y deberes del comercio por internet y catálogo, lo que deja fuera sectores como los viajes, los servicios financieros y las loterías.

Etelvina Andreu considera además que las razones que esgrime el Ejecutivo comunitario para impulsar esta directiva "no concuerdan" con los datos facilitados por Eurostat.

Así, según la oficina de estadística de la UE, los principales inconvenientes que frenan a los consumidores a la hora de hacer compras transfronterizas son el desconocimiento del idioma, los gastos excesivos y los plazos de envío, y su preferencia por comprar en establecimientos, en ese orden.

En décimo lugar, ha indicado, se sitúa su preocupación por la existencia de regulaciones diferentes sobre derechos de los consumidores en los 27 países de la Unión.