Sindicatos y dirección no acercan posturas en los contactos previos al ERE

  • Los sindicatos y la dirección de Catalunya Banc han celebrado hoy la última reunión previa a la presentación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en esta entidad nacionalizada, un período informal de negociación que se ha saldado sin que ambas partes hayan acercado posturas.

Barcelona, 6 sep.- Los sindicatos y la dirección de Catalunya Banc han celebrado hoy la última reunión previa a la presentación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en esta entidad nacionalizada, un período informal de negociación que se ha saldado sin que ambas partes hayan acercado posturas.

El próximo lunes está previsto que la dirección de Catalunya Banc presente oficialmente el ERE y, a partir de ahí, comenzará el perceptivo período de consultas de un mes.

Los sindicatos de este banco confían en que, una vez arranque la negociación oficial, sea posible llegar a un acuerdo con la empresa pero, hoy por hoy, ven "muy lejos" cualquier acuerdo con la dirección.

Los sindicatos presentaron ayer a la dirección del banco una propuesta unitaria que planteaba que, de entrada, se redujera el número de afectados por el ERE de un máximo de 2.453 personas hasta 1.900, y que solicitaba prejubilaciones, bajas incentivadas y reducciones de jornada para evitar despidos forzosos.

En un breve encuentro, la dirección ha comenzado hoy a responder a los planteamientos de los sindicatos y, aunque no comparte buena parte de las propuestas, los representantes de la plantilla confían en que la dirección vaya flexibilizando su posición a medida que avance la negociación y que, como mínimo, aumente la cuantía por indemnización a los afectados.

En cualquier caso, la dirección ha dejado claro que quiere resolver el ERE con rapidez para retomar cuanto antes la venta de Catalunya Banc.

Aunque los sindicatos perciben tímidos avances en la postura de la dirección, no creen que la dirección permita que prime la voluntariedad y las medidas no traumáticas en el ERE.

SEC, CCOO, UGT y CSICA, los cuatro sindicatos con representación entre la plantilla, proponen descontar de entrada del número de afectados por el ERE -un máximo de 2.453 personas- a unas 200 personas de CatalunyaCaixa Inmobiliaria, división vendida a dos fondos, y a unos 320 empleados que trabajan en oficinas situadas fuera de Cataluña.

CatalunyaCaixa está obligada a deshacerse de su negocio fuera de Cataluña y los sindicatos entienden, por los contactos mantenidos con la dirección, que será posible vender parte de la red de sucursales situada fuera de su comunidad de origen.

Para cubrir esas teóricas 1.900 bajas de personal, los sindicatos plantean cinco posibilidades: prejubilaciones, bajas incentivadas de empleados menores de 50 años, reducciones de jornada durante un máximo de cuatro años, suspensiones de contrato y excedencias durante un máximo de cuatro años con derecho a retorno.

Los sindicatos reclaman aprovechar el plazo máximo que da Bruselas para hacer el ajuste en la entidad -hasta 2016- para poder prejubilar a las personas mayores de 55 años progresivamente, así como ofrecer 38 días por año trabajado con un tope de 33 mensualidades más una prima por antigüedad para aquellas personas que opten por una baja incentivada.

Asimismo, plantean también reducciones de jornada de entre un 20 y un 50 % durante un máximo de cuatro años, y otras generales de un máximo del 5 % de la jornada, así como escalonar el cierre de oficinas al que obliga Bruselas.

La idea de toda esta propuesta es intentar cubrir los despidos en el banco con fórmulas que partan de la voluntariedad y, en caso de que no haya suficientes bajas incentivadas o prejubilaciones voluntarias, que la plantilla restante cubra las plazas restantes mediante reducciones de jornada durante un máximo de cuatro años.

Los fondos inyectados en Catalunya Banc obligan a que en 2016 la plantilla total del grupo sume un total de 4.665 personas.

Hasta ahora, la dirección del banco solo se ha mostrado dispuesta a pagar por despido 20 días por año trabajado con un máximo de 18 mensualidades, y con determinadas condiciones, ha reclamado una rebaja de sueldo del 15 % a la plantilla restante y ha dejado claro que apenas contempla las prejubilaciones, porque la nueva normativa del Gobierno las encarece.

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