Soria dice que no consta “ninguna irregularidad” sobre el atc y que la autorización de construcción estará este año

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló este miércoles en el Congreso que, en base a la documentación presentada por Enresa, a Industria no le consta “ninguna irregularidad” en relación al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), cuya autorización de construcción prevé que esté lista antes de fin de año.
Así lo señaló Soria durante su comparecencia en la Comisión del ramo del Congreso de los Diputados, en la que respondió a 20 solicitudes de comparecencia, entre ellas una del grupo parlamentario socialista relativa a la auditoría interna realizada en Enresa y el posible incumplimiento de contrato e irregularidades de gastos realizados por el expresidente Francisco Gil-Ortega.
“No consta en Industria con toda la información que ha sido aportada por parte de la empresa ninguna irregularidad, de acuerdo a toda información que disponemos y ha sido remitida a las Cortes”, aseveró Soria.
Respecto a la petición de información adicional por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a Enresa, Soria apuntó que en todo proceso de licenciamiento es “habitual” que este organismo requiera a los licenciatarios “información adicional o aclaraciones”.
En esta línea, recalcó que “no estamos hablando de ningún tipo de petición excepcional”,y avanzó que las previsiones son que la concesión de autorización previa esté lista a finales del primer semestre de este año. Mientras, la autorización para la construcción podría tener lugar “antes de finalizar el presente año”.
El titular de Industria también valoró la “amplia experiencia” y la “solvente trayectoria” del nuevo presidente de Enresa, Juan José Zaballa, quien sustituyó en febrero a Gil-Ortega en el cargo. “Cuenta con toda la confianza del Gobierno y de Industria”, agregó.
GAROÑA Y CASTOR
Sobre la situación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tras la solicitud de la ampliación de su vida útil, Soria sostuvo que en este caso, como en el resto, se actuará “conforme a lo que dictamine el CSN”, de acuerdo a las exigencias existencias y adicionales derivadas de la gestión ‘posFukushima’.
En referencia a la indemnización de 1.350 millones aprobada para Escal UGS, controlada por ACS, tras el cierre del almacén temporal Castor, Soria defendió que la solución financiera supone una “notable reducción de costes para el sistema y el consumidor”.
Entre otros motivos, por los menores costes financiero y la “drástica” disminución de los costes de mantenimiento durante la hibernación, en todo caso, Soria precisó que la renuncia y el pago a Escal “no implica la extinción de la responsabilidad que esta y sus accionistas deban afrontar por la gestión del proyecto” que “será convenientemente exigida una vez se disponga de todos los elementos de juicio necesarios”.
FRACKING Y CARBÓN
Por otra parte, sobre los proyectos de ‘fracking’, Soria defendió que las modificaciones de la Ley de impacto ambiental y de evaluación ambiental, si bien dijo ver “totalmente compatible” la defensa del medio ambiente con las explotaciones de recursos energéticos de este tipo.
Además, puntualizó que la Dirección General de Política Energética y Minas no ha emitido ninguna autorización para la realización de campañas sísmicas marinas en las costas de Cataluña y Baleares, ante la posible prospección sísmica con cañones de aire comprimido que habría realizado la empresa Seabird Exploration en abril de 2013. En todo caso, matizó que si no se rige por la normativa competente a Industria escaparía a la competencia del Ministerio, y que tampoco se ha incoado procedimiento sancionador alguno “por no haberse apreciado elementos necesarios para ello”. “No se ha concluido el examen exhaustivo de los antecedentes recabados”, agregó.
Por último, también se pronunció sobre la baja de 2,8 millones de los fondos asignados a la reactivación de comarcas mineras, que argumentó con el hecho de que la ejecución presupuestaria “permitió hacer dicha baja sin poner en riesgo en ningún momento pagos comprometidos en 2014”.
También explicó que la CE “nunca” admitirá que puedan seguir funcionando a partir de 2019 las empresas mineras que hayan recibido ayudas “so pena de devolución de las ayudas que se han percibido”, y a pesar de que el Gobierno “siempre” ha planteado que sigan abiertas “si son competitivas”.