Soria garantiza que el decreto para indemnizar por castor “amarra” la posible responsabilidad de la concesionaria

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió este jueves que la solución del Gobierno ante el problema generado por el almacén de gas Castor busca el “interés general y la seguridad de las personas, bienes y del medio ambiente”, para dejar claro que “amarra la posible responsabilidad” de la empresa concesionaria.
Así lo indicó en el Pleno del Congreso de los Diputados durante el debate de convalidación o derogación del real decreto con el que el Gobierno adopta la hibernación de las instalaciones del almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a las costas de Vinarós (Castellón).
Esta norma reconoce, además, una compensación de 1.350 millones a la promotora, Escal UGS, participada por ACS, que será asumida por Enagás para posteriormente ser retribuida durante 30 años por el sistema gasista.
Soria explicó que el problema radica en un decreto del Gobierno del PSOE de 2008, en el que se recoge que la renuncia a la concesión de Castor era un “derecho” y que se compensaría a las empresas en ese caso, “aunque haya actuado con dolo y negligencia”, por lo que el Ejecutivo tiene que “cumplirlo”.
Pese a ello, con la norma que ha presentado ahora el Gobierno “deja bien claro que esa compensación no va a extinguir la responsabilidad del concesionario y de sus accionistas, que en su caso deban afrontar, por su gestión en el proyecto si así se derivara con el paso del tiempo”.
En concreto, dijo el ministro, en el decreto se incluye una “clara clausula de exigencias de futras responsabilidades a Escal que en su caso le sean exigibles o bien por vicios y defectos en la construcción o bien por acciones u omisiones de todo tipo durante el periodo de vigencia de la concesión”.
Si hubiese lugar a tales responsabilidades, señaló el titular de Industria, el concesionario tendría que pagar directamente, o si Escal fuese insolvente o se disolviese responderían sus socios o partícipes y de forma solidaria la sociedad dominante, es decir, que controle más de un 50% del capital.
En concreto, Escal UGS está participada por el ACS con un 66, 67 % del capital y la sociedad canadiense CLP, que ostenta un 33,33%.
El almacén permanece cerrado desde el pasado 26 de septiembre por orden ministerial después de que se detectara un incremento de los movimientos sísmicos en la zona, coincidente con la inyección de gas en la planta.