Sorpresa en Portugal por el "no" de Telefónica a prorrogar la oferta por Vivo

Lisboa.- La decisión de Telefónica de no prorrogar, como pidió Portugal Telecom (PT), la oferta para comprarle su parte en Vivo ha causado sorpresa entre los analistas lusos que no dan por concluida la pugna por la operadora brasileña.

En medio del mutismo de los directivos, el Gobierno y los principales accionistas lusos de PT, sólo el multimillonario portugués Joe Berardo, que tiene alrededor del 2% de la empresa, reaccionó hoy, y con escepticismo, a la ruptura de las negociaciones con Telefónica, que considera temporal.

Berardo expresó a los periodistas su confianza en que la operación se resuelva "en breve" con nuevas propuestas, aunque entretanto calificó de "desgracia" y "desastre" para las inversiones en Portugal el fracaso de la venta de Vivo, que fue aceptada por los accionistas de PT pero vetada por el Gobierno luso.

Analistas consultados por EFE coincidieron en expresar su sorpresa por el rumbo que ha tomado el asunto, cuando desde PT se consideraba posible alcanzar un acuerdo de venta de su 30% de Vivo aceptable para el Gobierno luso.

En los medios económicos de Lisboa se apuesta por una rápida continuación de la pugna por Vivo, dado el gran interés de Telefónica por expandirse en Brasil y el de los accionistas de PT por recibir una suma que ya superó el valor en bolsa que tenía la empresa antes de recibir la primera oferta, el 6 de mayo.

Cuando aún no se había celebrado la asamblea de accionistas que aprobó mayoritariamente el 30 de junio pasado la venta de la participación en Vivo por los 7.150 millones de euros que ofrecía hasta ayer Telefónica, la empresa española advirtió de que podía tomar varias medidas si fracasaba la operación.

Entre las "amenazas", como las consideró oficialmente PT, existe la posibilidad de abrir una batalla legal para disolver la sociedad Brasilcel, con la que la compañía lusa y Telefónica controlan a medias el 60% de Vivo, o bloquear sus beneficios, que suponen la mitad de los obtenidos por la operadora portuguesa.

Aunque Telefónica no lo ha mencionado, en los medios lusos se ha comentado también, con frecuencia, la posibilidad de que la empresa española lance una opa a PT, pero su éxito es muy dudoso cuando menos por el blindaje de la acción de oro del Estado que ya impidió la venta de la participación en Vivo.

En el otro lado, el veto del Gobierno luso a desprenderse de Vivo fue declarado ilegal por la Justicia europea el pasado día 8 y el primer ministro socialista José Sócrates ha sido criticado en su propio país por dar un mal mensaje a los inversores cuando Portugal padece su peor crisis financiera contemporánea.

El principal accionista nacional de PT, el Banco Espírito Santo, que tiene alrededor del 8%, volvió a pronunciarse a favor de la venta de Vivo poco antes de que expirara la oferta de Telefónica y auguró que con el dinero de esa operación la empresa lusa puede volver a invertir y seguir en Brasil, como quiere Sócrates.

Ante este panorama, diversos analistas lusos consideran que PT y Telefónica están condenadas a entenderse pese a que nadie ha revelado los detalles de su negociación ni los puntos de desacuerdo.

PT comunicó hoy al regulador de la bolsa lusa que Telefónica no aceptó anoche su petición de prolongar la oferta por Vivo aunque las negociaciones "transcurrieron de una forma constructiva".

El consejo de administración de PT aseguró que estuvo "empeñado" en que esas conversaciones concluyeran de un modo satisfactorio para todas las partes y pidió una última prorroga de la oferta hasta el el próximo día 28 que Telefónica no aceptó.

A parte de esa comunicación al mercado, redactada en términos similares a la que también hizo Telefónica en España, la empresa lusa no ha hecho un sólo comentario sobre el asunto y parece esperar que la empresa española mueva ficha.

La oferta de Telefónica para controlar la empresa líder de la telefonía móvil brasileña cuyos 17 días de validez terminaron ayer, fue la tercera que hizo, tras empezar la puja el 6 de mayo con 5.700 millones de euros y subirla el 1 de junio a 6.500 millones.