Trabajo cierra la puerta a que los ayuntamientos puedan aprobar un ERE

No hay nada que hacer por mucho que la crisis apriete. El Ministerio de Trabajo se opone a que los ayuntamientos presenten expedientes de regulación de empleo (ERE) y está dispuesto a impugnar aquellos que salgan adelante, porque considera que sólo las empresas con ánimo de lucro pueden acogerse a esta medida de reducción de plantilla.

Trabajo se expresa en estos términos en un informe que su Dirección en Las Palmas ha remitido al Gobierno canario para hacerle ver su postura sobre el ERE presentado por el Ayuntamiento de Gáldar (Gran Canaria), que pretende despedir a 54 empleados municipales y suspender temporalmente sus contratos a otros 87.

En ese informe, difundido por el comité de empresa del Ayuntamiento grancanario, la Dirección Provincial de Trabajo de Las Palmas subraya que"los mecanismos de regulación de empleo de suspensión de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas están destinadas al ámbito empresarial y no son trasladables a la esfera de las administraciones públicas".

La representación provincial del Ministerio asegura que la Abogacía del Estado mantiene el mismo criterio y subraya, además, que las administraciones deben planificar la financiación de los servicios públicos, "resultando incompatible con los mismos la disminución temporal de los servicios a prestar en función del volumen de ingresos previstos".

"Las correcciones de las desviaciones de ingresos y gastos en el ámbito de las administraciones públicas deben efectuarse en el marco de la disciplina presupuestaria, lo que no es asimilable a un resultado de explotación de una entidad mercantil", añade.

El Ministerio de Trabajo hace estas consideraciones en un informe que remitió a finales de septiembre a la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, sobre la que recae la competencia de autorizar o rechazar el ERE promovido por el Ayuntamiento de Gáldar.

Y advierte de que, incluso en el caso de que el expediente de Gáldar contara con la aprobación de la plantilla, activaría "los mecanismos de impugnación ante la Autoridad Judicial legalmente previstos", por falta de causa válida para un ERE.

El portavoz de CCOO en el comité de empresa, Javier Godoy, se ha felicitado por esta postura del Ministerio de Trabajo, porque -recuerda- las administraciones públicas no buscan un lucro en su actividad, sino que, sencillamente, están dando un servicio a los ciudadanos y por eso son entidades deficitarias.

"Nosotros hemos puesto encima de la mesa que queremos realizar un plan de viabilidad económica del Consistorio, así como otro de reordenación de los recursos humanos, que digan la realidad que vive en la actualidad el Ayuntamiento", ha destacado.