Tres de cada cuatro empresas en concurso tardarían más de 25 años en pagar su deuda aunque dedicaran a ello el 100% de sus ingresos

El 77,12% de las empresas en concurso de acreedores en 2013 no podrían atender al pago de sus deudas en menos de 25 años aun suponiendo que dedicaran el 100% de lo que generaran al pago de las mismas.
Según informó el Colegio de Registradores de la Propiedad en nota de prensa, el porcentaje se situaba en el 73,2% en 2012, lo que muestra un empeoramiento de la situación financiera en que acceden al concurso las empresas.
Otro dato indicativo del carácter estructural de la crisis de las concursadas en 2013 es que solamente un 5,86% (un 10,59% en 2012) proyecta las condiciones financieras suficientes como para alcanzar un convenio dentro de los límites generalmente marcados por la Ley concursal (50% de quita, 5 años de espera).
En lo que respecta a las características de las empresas concursadas, suelen tener un pasivo de 5,5 millones, frente a los 6 millones de 2012. Por otra parte, el número medio de empleados ascendía a 8 (frente a 9 en el año 2012). En el caso de empresas con más de 50 trabajadores, la cifra se redujo al 2,4%, desde un 8,5% registrado en 2011 y 2012. El 44,09% de las empresas tenían una antigüedad de entre 5 y 15 años, y las sociedades del sector servicios fueron las que más recurrieron al proceso concursal.
La gran mayoría de los concursos, un 94,05%, tiene como destino la liquidación. En relación a las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios (suponiendo el cumplimiento íntegro de los pagos), los compromisos acordados con los deudores se situaron, en promedio, en el 47,13% del valor nominal de las deudas.
El 95,68% de los concursos tuvo carácter voluntario y la duración de la fase común de los concursos en 2013, para aquellos con pasivo estimado por debajo del millón de euros (tramitados por vía abreviada), tuvo una duración media de 11,53 meses, y para las empresas con pasivo superior a los 10 millones (tramitación ordinaria) la duración media fue de 22,5 meses, frente a los 15,99 meses en 2012. El Colegio de Registradores de la Propiedad destaca la importancia de la reducción de los plazos en consideración de las pérdidas que puedan producirse por desuno y obsolescencia.