Tribunal Cuentas pide transparencia en contratos adjudicados por la S. Social

Madrid, 20 ene.- El Tribunal de Cuentas ha denunciado falta de transparencia y objetividad en los contratos adjudicados por la Seguridad Social en 2011 y 2012 y ha afirmado que en la mayoría de contrataciones no figuraba una memoria económica que justificara un presupuesto determinado.

Según el informe de fiscalización de los contratos de servicios adoptados en 2011 y 2012 por las entidades gestoras y de servicios comunes de la Seguridad Social, la mayoría de ellos registró "deficiencias" relacionadas con la transparencia, ya que la práctica totalidad de ellos fueron adjudicados mediante un procedimiento negociado sin publicidad.

El documento que ha analizado los contratos suscritos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General y el Instituto Social de la Marina añade que los criterios para justificar la necesidad de la contratación eran "excesivamente genéricos".

El Tribunal de Cuentas ha denunciado que la mayoría de contratos de servicios fiscalizados, que estaban relacionados con el mantenimiento de equipos y programas informáticos, fueron adjudicados a una determinada empresa por ser la "única autorizada" por el fabricante para el mantenimiento de esos productos de software, en perjuicio de la libre competencia.

El tribunal recomienda a las entidades fiscalizadas que justifiquen en el expediente de forma precisa la necesidad concreta que se pretende cubrir con cada contrato y lo acompañe de un estudio económico que justifique el coste real del servicio, adecuado al precio general del mercado.

También urge a que se establezca una mayor concreción de los requisitos y la forma de valoración de los criterios de adjudicación para que el procedimiento de licitación sea objetivo.

De la misma forma, y con el objetivo de no restringir la concurrencia, el tribunal ve conveniente que los criterios de solvencia que se exigen a las empresas licitadoras sean proporcionales al importe de los contratos con el fin de garantizar la aptitud de las empresas para cumplir con el contrato.