UPTA vincula el éxito de las medidas fiscales a que baje competencia desleal

Madrid, 13 abr.- La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha asegurado que las medidas contra el fraude fiscal aprobadas hoy por el Gobierno serán positivas en la medida en que sean eficaces para la lucha contra la competencia desleal y de la economía sumergida.

El Gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de ley para combatir el fraude fiscal que limita a 2.500 euros el pago en efectivo para las operaciones en las que participe un empresario, que prevé que las rentas no declaradas no prescriban y que excluye del sistema de módulos a los empresarios que facturen menos del 50 % de sus operaciones a particulares, entre otras medidas.

Sobre esa exclusión UPTA dice en una nota que esa medida debería haber sido contrastada previamente con las asociaciones de autónomos.

Además opina que debería haber sido enmarcada en una reforma general del sistema de tributación por módulos.

En este sentido, UPTA considera que era más urgente la reducción de determinados módulos para los sectores de actividad que más están sufriendo la crisis.

Los autónomos de UPTA también reclaman que el conjunto de las medidas aprobadas se extiendan a todos los sectores y colectivos.

Por su parte, la Unión de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) afirma que la lucha contra el fraude fiscal es necesaria, pero no debe de comenzar con los emprendedores.

UATAE advierte de que la limitación de pagos en efectivo no atajará ni las ventas sin facturar, ni la actividad "pirata", pero sí obligará a muchos autónomos a pagar comisiones bancarias que hasta ahora podían evitar.

También se ha pronunciado sobre las medidas del Gobierno la Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA).

La federación ha calificado el plan contra el fraude fiscal de un "golpe a la economía sumergida" y ha celebrado la limitación del pago en efectivo porque la mayoría de las transacciones realizadas por los profesionales por cuenta propia están por debajo de los 2.500 euros.

No obstante, ha pedido que durante la tramitación de la ley se puedan incluir más medidas como la posible reducción en el límite y la inclusión de las operaciones en grandes superficies.