"Muchas comunidades han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social", ha denunciado la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, tras realizar un análisis del presupuesto destinado a la Renta Mínima de Inserción en las diferentes comunidades autónomas.
La asociación ha comprobado que Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Madrid y Castilla y León han reducido el importe destinado a esta ayuda casi un 50% tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. En las dos últimas, este presupuesto se destinó a programas de inclusión social u otras políticas sociales, pero en otras se tradujo en una reducción "sin más" de su gasto social "en un año tan marcado por la crisis sanitaria y social como fue 2021", según ha recogido EFE.
El informe señala que el caso más grave es el de Castilla-La Mancha, donde el presupuesto destinado a las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) se ha reducido en dos terceras partes (66,7%). Por lo que las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales apuntan que en esa región y también en Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura estas ayudas "están siendo sustituidas por el Ingreso Mínimo Vital (IMV)".
La "situación de retroceso, en unos casos, y de refuerzo en otros", sostienen, se pone de manifiesto también en la evolución del número de perceptores, donde las mismas comunidades que han reducido su gasto, ven reducido "significativamente" el número de personas beneficiarias, hasta en un 73% en Castilla-La Mancha, en contraste con el incremento del 121% en la Comunidad Valenciana.
A nivel nacional, 150.000 personas menos se beneficiaron en 2021 de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) que en 2020, lo que alcanzó al 7,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España, más de 645.300 personas. Navarra y País Vasco mantienen elevados porcentajes de beneficiarios respecto a su población bajo el umbral de la pobreza, con un 75,8% y un 55,8%, respectivamente, mientras que en Castilla-La Mancha "se confirma la extinción de estas RMI", en palabras de la asociación.
La cuantía media en España equivale a casi el 16% de la renta media por hogar en el conjunto del país, una cifra que para las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es "extremadamente baja" y que ha disminuido más de un punto desde 2019, al pasar del 17,1% al 15,9%. Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias están por encima de la media, mientras en Murcia, Madrid y Aragón el porcentaje que supone la cuantía media de las RMI no alcanza el 10% de la renta media por hogar en esas regiones.
Por ello, han querido subrayar que la "pobreza no es igual a la exclusión social" y el IMV trata de aliviar situaciones de pobreza, aunque sea insuficiente, y las RMI buscan facilitar la inclusión social. En este sentido, demandan a estos territorios "que, como ya ha hecho alguna de ellas, destinen el 'ahorro' que ha supuesto la implantación del IMV a reforzar sus programas de inclusión social que, entre otras causas, pueden estar producidas por las situaciones de pobreza prolongadas".
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