Bruselas, 17 jun.- El Gobierno español ha indicado a la Comisión Europea que ve "desproporcionado" el reembolso de los 198 millones de euros de ayuda europea que recibió la ampliación del puerto de El Musel (Gijón), informó hoy el Ejecutivo comunitario.
Las autoridades españolas "han dicho que no creen que la devolución de los 198 millones de euros de la contribución del Fondo de Cohesión al proyecto sea proporcionada", señaló a Efe la portavoz comunitaria de Política Regional, Shirin Wheeler.
El Ministerio de Hacienda respondió así a la carta que le envió la Comisión Europea (CE) el 11 de abril para preguntarle si pretende seguir la recomendación en este sentido de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), tras detectar irregularidades o fraude en la financiación de las obras de ampliación de El Musel.
"La Comisión analiza ahora una importante cantidad de información adicional facilitada por las autoridades españolas", indicó la portavoz.
En base a ese análisis, agregó, "prepararemos una carta definitiva que podría proponer la recuperación de dinero ya desembolsado".
No obstante, hasta que el análisis esté completado, la CE no quiere especular sobre un posible monto, añadió Wheeler.
El Ejecutivo comunitario había dado dos meses a España para que le comunicara si piensa devolver los 198 millones de euros de ayuda europea, como recomendó la OLAF.
Bruselas expresó en su misiva su deseo de "explorar las posibilidades de llegar a un acuerdo" con España sobre la cantidad a recuperar, pero advirtió de que, si esto no es posible, remitirá una carta final en la que precisará una cifra de forma unilateral.
Un acuerdo evitaría, además, que el caso acabe ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La OLAF constató en un informe que existen indicios claros de que se cometieron irregularidades o fraude en la financiación de las obras de ampliación de El Musel y recomendó a la CE que recupere la totalidad de las ayudas concedidas.
El año pasado se enviaron 200 cartas relativas a la conclusión de proyectos de infraestructuras en Estados miembros, de los que la mitad necesitó algún tipo de corrección financiera, pero solo en 50 hubo que imponer una cifra de manera unilateral y en un caso acudir a la Justicia europea.
Fuentes comunitarias reconocieron recientemente que "España es uno de los países que tiende a llevar este tipo de procedimientos hasta el final", es decir, hasta la corte de Luxemburgo.
Las obras de ampliación del puerto de Gijón, que fueron adjudicadas por 580 millones de euros y acumularon un sobrecoste de más del 40 %, recibieron unos 250 millones de euros de financiación comunitaria, de los que 198 millones ya han sido desembolsados.
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