"La ley es muy clara, no habla de privatizar, lo que habla es de que las empresas que no están produciendo las pongamos a producir", dijo el jefe de la bancada opositora, el diputado Julio Borges, impulsor de la normativa.
La ley plantea que unas 6.000 empresas confiscadas por el gobierno socialista sean devueltas a sus antiguos propietarios, después de que la Asamblea Nacional haga una auditoría de esas compañías, de las que al menos 300 son productoras de alimentos, escasos en el país.
En días recientes, el presidente Nicolás Maduro delegó a los militares la producción de alimentos y lanzó un plan de agricultura urbana para mitigar la crisis de escasez.
Borges deploró estas iniciativas al asegurar que el gobierno "tiene 500 empresas de alimentos y 4 millones de hectáreas que no están produciendo en este momento".
En contraste, los productores venezolanos se quejan de que no reciben divisas por parte del gobierno para adquirir materias primas, por lo que adeudan 12.000 millones de dólares a proveedores internacionales.
Por su parte, el diputado oficialista Francisco Torrealba aseguró que con esta ley, la oposición busca entregar esas compañías a "poderes transnacionales" porque "están vendidos al Fondo Monetario Internacional".
Venezuela atraviesa una severa crisis agravada por la caída del precio del petróleo -que provee 96% de las divisas del país- y que se ha traducido en una carestía que afecta a más de dos tercios de los productos básicos, con una inflación de 180,9% en 2015.
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