El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido el documento de reforma laboral, al que define como una propuesta "innovadora y reformista", y ha abierto la puerta a que el Estado pague parte del fondo para el despido de cada trabajador con el fin de ayudar a las empresas.
"Afirmo rotundamente que no sólo no va a suponer una merma para los derechos de los trabajadores ante el despido, sino que con la propuesta para llegar a un acuerdo que hemos presentado a los interlocutores sociales, se puede mejorar el funcionamiento del modelo", ha subrayado en rueda de prensa en Washington.
Según ha explicado, la alternativa más sólida que baraja el Gobierno es que, para reducir la aportación que tiene que hacer el empresario en el despido, se utilicen recursos públicos, que procederían del presupuesto destinado actualmente a incentivar la contratación mediante bonificaciones (entre 3.000 y 4.000 millones de euros).
El objetivo, dijo, es "estimular" el contrato indefinido, con despidos de 33 días por año trabajo, el denominado contrato de fomento del empleo, para que ésa sea la vía de entrada de los trabajadores al mercado laboral, y corregir el "excesivo" volumen de contratación temporal y precaria.
La propuesta española se basa en el modelo austriaco, en el que el trabajador cuenta con un sistema de indemnización por despido que funciona como un fondo de ahorro, una "mochila" que puede mantener aunque cambie de trabajo y que el Estado incentiva utilizar como complemento a la pensión pública.
Nuevo contrato
La propuesta del Gobierno introduce una importante novedad en este modelo, ya que en Austria sólo son las empresas las que aportan a ese fondo, a partir de las retenciones que hacen al salario bruto del empleado, y en España contribuiría también el Estado.
La propuesta, en opinión de Zapatero, cumple con el compromiso y con el objetivo del Gobierno, que es abaratar costes para las empresas sin que los trabajadores pierdan derechos.
Zapatero insistió en que todos los trabajadores mantienen "exactamente sus derechos" y su indemnización, aunque se abre una puerta para que ese despido pueda ser menos costoso para los empresarios.
El modelo, dijo, está "pensado y calculado", aunque hay muchas cuestiones que habrá que concretar en el diálogo con empresarios y sindicatos.
Según el Gobierno, esta propuesta transforma el concepto de la indemnización por despido, que está vinculada al trabajador y no a directamente a la empresa en la que trabaja, facilita la movilidad y permite que el empleado disponga de su dinero cuando lo considere oportuno.
Zapatero estima que el documento sigue la buena dirección, aunque ha avanzadi que la reforma se basará en aportaciones de todos y no será "sólo lo que el Gobierno diga". En este contexto, se ha mostrado convencido de que los agentes sociales tendrán una postura "constructiva".
No obstante, la primera reacción de UGT y de CCOO ha sido de crítica, ya que consideran que ampliar el contrato de fomento del empleo con sus 33 días de indemnización a nuevos colectivos precariza los contratos.
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