El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha determinado que la subida del recibo de la luz ha tenido efectos perjudiciales sobre la competitividad de un determinado grupo de empresas españolas y también que ese perjuicio es en parte responsabilidad del Estado. Y para asumir esa responsabilidad ha decidido utilizar los Presupuestos Generales del Estado con el fin de compensar a ese grupo de empresas por los perjuicios causados.
Los Presupuestos de 2017, recientemente aprobados, incorporan por primera vez una línea de crédito para compensar a empresas por los incrementos de costes energéticos derivados de la subida de la luz, una vieja aspiración de no pocos sectores empresariales. El crédito presupuestario habilitado es limitado, 131 millones de euros, después de que la negociación presupuestaria redujera la cifra inicial de 150 millones, y se destinará a empresas industriales de perfil exportador y con una estructura de costes muy dependiente del factor energético.
Este sistema de ayudas, como se define desde el Ministerio, se habilita "para la reducción del coste de la promoción de la generación de electricidad a partir de fuentes renovables que soportan" y se distribuirá "atendiendo a la intensidad del uso de la electricidad y la intensidad del comercio con terceros países", según se recoge en el proyecto presupuestario.
En cualquier caso, su relevancia no deriva tanto de la cuantía - se supone que el coste extra por la generación de energía por fuentes renovables asciende a 7.000 millones de euros - como del hecho de que, por primera vez, el Gobierno haya utilizado la vía de los Presupuestos para compensar a las empresas con el perjuicio derivado de una decisión política: utilizar más renovables a sabiendas de que eso encarece la factura.
"Algo que ya ha sido de sobra reconocido en otros países como Alemania, cuyas empresas, con las que competimos, son compensadas por el encarecimiento de sus estructuras de costes como consecuencia de la política energética de sus gobiernos", asegura un portavoz cualificado de uno de los sectores que se beneficiarán de este nuevo sistema de ayudas.
Los 131 millones de euros se repartirán entre empresas industriales de las denominadas electrointensivas, es decir, cuyo funcionamiento depende en buena medida de la utilización de energía. La Asociación Española de Empresas con Gran Consumo de Energía, el lobby del sector, incluye en esta denominación los sectores metalúrgico, químico, siderúrgico, y el de gases industriales, industrias donde el coste energético puede llegar a suponer un 50% de los costes de producción.No al 'bono social'
La decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se produce apenas meses después de que su titular se opusiera de plano a la posibilidad de que el Presupuesto del Estado financiara el 'bono social', un instrumento de solidaridad, que reduce en un 25% el recibo de la luz de las familias en situación de vulnerabilidad y que de forma sistemática ha sido cargado por los gobiernos a las empresas eléctricas, recurrido por éstas antes los tribunales y anulado por éstos con exigencia al Estado de compensación a las empresas.
El Estado, de hecho, tiene pendiente una compensación de 500 millones de euros a las empresas eléctricas por este concepto, así que, de hecho, sí va a terminar financiando el 'bono social', salvo que el Constitucional, al que el Estado ha llevado el caso, determine algo diferente.
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