La basura nuclear rebosa: tratarla supera el coste previsto en el Plan de Residuos

Los residuos nucleares son peligrosos, su gestión es cara y suponen un quebradero de cabeza. No sólo para las empresas que los generan, sino para los Estados que apostaron por esta tecnología para cubrir su demanda de energía (un 20% en el caso español). En España, los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. Pero rebosan. Gestionar ese material ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear). En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones. 

Esa cifra, que el informe contempla desde 2010, pero sin fecha final precisa, supone un 30% de exceso sobre lo contemplado en el plan de residuos que está vigente. En el VI Plan Nacional de residuos, aprobado en junio de 2006, el coste total de la gestión integral de todo el proceso de gestión de residuos, hasta su almacenamiento final, es de 13.000 millones de euros (valor 2006) y hasta el año 2070. Quién paga la factura 

La pregunta es ¿quién paga realmente el coste de los residuos? Según el decreto de constitución de la empresa pública encargada de gestionar el proceso, ENRESA, los costes de las actividades derivadas de la gestión de los residuos radiactivos deben ser financiados por los generadores de dichos residuos -las empresas-, y tienen que cubrir los gastos que se derivan de todas las etapas de la gestión; aunque éstas se realicen después de haber terminado la vida útil de las centrales nucleares o de cualquier otra instalación generadora. 

Muy en su papel, los generadores, es decir, las empresas, se quejan. Consideran que las cargas que soportan -más aún desde el año 2012-, cuando se aprobaron nuevos impuestos específicos a las centrales- son excesivas. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmó ante sus accionistas que la actividad no es viable si el 50% de los ingresos son absorbidos por impuestos y obligaciones. Por ello pidió analizar el marco regulatorio y fiscal y garantizar que el sector pueda ser viable.

Pero las cuentas de las eléctricas no tienen compartimentos estancos más allá del derecho societario. Las empresas ganan o pierden dinero y tratan de compensar pérdidas y ganancias. Lo que quiere decir, según subrayan periódicamente las organizaciones de consumidores y los ecologistas, que quien finalmente paga es el usuario de a pie. También la factura de los residuos. 

No lo dicen sólo los activistas medioambientales y sociales. Contundente, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, afirmó hace unas semanas que no se reducirán las cargas fiscales a las nucleares porque "son más rentables de lo que ellas dicen, ya que hay mucha ingeniería contable". Saturación de piscinas 

Lo que no es ingeniería es la situación de saturación de las piscinas y almacenes provisionales de las centrales españolas. Las piscinas están ocupadas en casi un 89% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40% (ver gráfico). 

La situación no es fácil de resolver. El Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar De Cañas (Cuenca), cuya construcción fue aprobada en 2015 por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), está paralizado por decisión de la Junta de Castilla-La Mancha y es objeto de pleitos en el Tribunal Supremo. No es una opción de almacenamiento de residuos a corto plazo. 

Entonces, ¿qué hacer? Francia, un país que cubre la mayor parte de su demanda eléctrica con energía nuclear puede ser la solución para tratar la basura nuclear de España. Según Enresa, "actualmente en España no se realizan transportes de residuos de alta actividad y combustible nuclear gastado, ya que permanecen en las piscinas o en los almacenes temporales individualizados en las propias centrales". Pero todo puede cambiar. Por supuesto, previo pago de su importe.