Unipost, el reto fallido de los Raventós cuyo futuro depende de la Generalitat

El registro policial de las oficinas del operador postal en Terrassa y L'Hospitalet en busca de documentación vinculada al 1-O, un nuevo revés para el negocio de la familia Raventós.

En concurso de acreedores y con una deuda cercana a los 50 millones, Unipost confía en ganar el servicio postal de la Generalitat para asegurarse un futuro.

Imagen de la operación de la Guardia Civil en la oficina de Unipost.

El registro policial de las oficinas de Unipost en Terrassa y L'Hospitalet y la posterior incautación por parte de la Guardia Civil de documentación relacionada con el referéndum de independencia del 1-O han añadido un punto extra de incertidumbre a una compañía que vive bajo control concursal desde el pasado mes de julio con una deuda cercana a los 50 millones de euros.

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La empresa controlada por la familia Raventós afronta ahora, además de una delicada situación financiera, las posibles consecuencias legales que su presunta colaboración con el referéndum ilegal le puedan acarrear. No encontrarán coartada en sus empleados. Fuentes sindicales consultadas ayer defendían que cualquier responsabilidad legal que se pudiera derivar de la documentación encontrada por la Guardia Civil debería ser "afrontada por la empresa, en ningún caso por los trabajadores que únicamente hacían su trabajo".

Expulsada del circuito de la contratación pública, que supone más de una tercera parte de su negocio total, por su condición de empresa en concurso de acreedores, el futuro de Unipost depende en buena medida de la Generalitat de Cataluña.

Apenas tres meses antes de su solicitud voluntaria de concurso de acreedores, Unipost concurrió al concurso público de los servicios postales de la Generalitat, un contrato bianual en dos lotes por una cuantía anual de más de 62 millones de euros, según la información pública proporcionada por la web de la Generalitat.

El lote de los servicios postales complementarios ha sido adjudicado recientemente al operador público Correos por algo más de ocho millones de euros, pero todavía está pendiente de resolución la parte del león del contrato, el envío de las notificaciones administrativas y judiciales de la Generalitat de Cataluña, un negocio de 54 millones de euros anuales que supondría la tabla de salvación del operador postal privado, que cerró el año 2016 con una facturación de casi 94 millones de euros.La difícil tarea de competir con Correos

Arrebatar a Correos ese contrato - Unipost es el único operador con capacidad operativa para competir con el operador público -, supondría la tabla de salvación de un negocio que nació con el apoyo estratégico del operador público alemán Deutsche Post al calor de la liberalización postal, pero con el paso de los años y el peso casi monopolístico de Correos, denunciado con tanto ahínco por Unipost como por Competencia, ha terminado por decaer.

Los sindicatos apuntan a la gestión de la familia Raventós, que ha venido jalonada por varias maniobras gravosas para los trabajadores que han sido anuladas en los tribunales y que ha terminado con los huesos de la empresa en la lista de morosos de Hacienda.

El núcleo duro de la familia Raventós, propietarios de Codorniu, sufrió ayer por extensión la indignación de las redes sociales, donde comenzó a promoverse un boicot contra el popular cava catalán.

El asunto cobró tal dimensión que la compañía tuvo que emitir un comunicado para aclarar que no tiene vinculación alguna con Unipost ni con ninguna acción relacionada con el proceso soberanista.

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