La Abogacía del Estado pide archivar el 'caso Plus Ultra' al no encontrar delito

La Abogacía del Estado ha pedido a la titular Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid que acuerde el sobreseimiento y archivo de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda púbica de 53 millones de euros a Plus Ultra "al no constar indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo". Los servicios jurídicos del Estado han adoptado esta decisión tras evaluar el último informe pericial aportado a la causa por un equipo de peritos a petición de la magistrada instructora Esperanza Collazos.

En un escrito de 28 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada del Estado Rosa María Seoane ha asegurado que "cabe concluir que el informe pericial no aporta ningún elemento que pudiera, siquiera indiciariamente, conducir a dudar de la situación de 'empresa no en crisis' de Plus Ultra al cierre de 2019, y mucho menos indicios remotos de elemento constitutivo de tipo penal alguno".

En el documento de 499 folios, al que tuvo acceso Europa Press, los peritos explicaron que existían "dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía" a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, "sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública" a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La Abogacía ha insistido en que la "discrepancia técnica expuesta en el informe de los peritos judiciales" no resulta suficiente para apreciar, "ni siquiera indiciariamente", ningún exceso por parte de la SEPI para conceder la ayuda. Ha subrayado, además, que del informe encargado por el Juzgado "se desprende que a juicio de los peritos se cumplían todos los requisitos de elegibilidad" que exige la normativa para otorgar las ayudas a la solvencia a empresas estratégicas.

Así, ha defendido que la subvención de 53 millones aprobada a la aerolínea "se ajustó estrictamente al régimen jurídico". En este sentido, ha asegurado que desde la SEPI "verificaron el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad mediante los informes técnicos recabados en el expediente administrativo". Desde los servicios jurídicos del Estado han asegurado que no hay elementos que demuestren un perjuicio causado al erario público. Han respaldado dicha afirmación con el informe evaluado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la resolución del Tribunal de Cuentas en los que "se razona la inexistencia actual de ningún perjuicio al haberse instrumentado la ayuda en dos créditos ordinario y participativo cuyas obligaciones de reembolso no han sido incumplidas".

En el marco del escrito, adelantado por Vozpópuli, la abogada ha insistido también en que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), a cargo de monitorizar "permanentemente" a Plus Ultra, "no ha considerado que esté en una situación de debilidad financiera que comprometa su capacidad para afrontar sus obligaciones". Además, ha recordado que desde la Abogacía del Estado se impugnó la práctica de la pericial al considerar que "carecía de motivación alguna y no era ni necesaria ni útil" y que, a su juicio, "obedecía a una finalidad prospectiva al no obrar indicio delictivo alguno".

Ahora, tras analizar el contenido del informe, ha asegurado que los peritos judiciales "se habrían extralimitado" sobre el alcance de la prueba pericial encargada por la magistrada. Ha subrayado que el análisis debía realizarse "en relación con la documentación que obra en el expediente remitido por la SEPI para la concesión de la ayuda". A su juicio, los peritos se habrían excedido al tomar en consideración "de forma determinante para alcanzar sus conclusiones" información y documentación "posterior" a la actuación cuestionada. Para la Abogacía del Estado, "esta circunstancia, por sí sola, es suficiente para invalidar las conclusiones alcanzadas por el informe, basadas en información posterior a los hechos investigados". Los servicios jurídicos también han analizado todos los puntos esbozados en la pericial, incluido el préstamo de 6,3 millones de euros que recibió Plus Ultra en 2017 de la entidad panameña Panacorp.

Según recoge la Abogacía en su escrito, el informe de los peritos "resalta el carácter llamativo" del lugar en que se encuentra constituido el depósito, una entidad bancaria radicada en un paraíso fiscal, pese a que el código de la cuenta corresponde a un banco portugués de primer nivel. Para la representante jurídica del Estado, esa llamada de atención "no resulta relevante", dado que "la existencia de dicho depósito y de su importe se refleja en la Memoria de las Cuentas Anuales de la Compañía", por lo que el informe no observa infracción alguna en dicho depósito.

Asimismo, ha subrayado lo que considera son contradicciones y confusiones por parte de los peritos en la redacción del informe. El escrito de los servicios jurídicos del Estado tiene lugar justo después de que la Fiscalía pidiera también al Juzgado que archivase las diligencias de investigación.