Adif ha elevado a virtud la máxima de "si vis pacem, para bellum". Tras más de dos años y medio velando armas, el gestor de las infraestructuras ferroviarias se siente en disposición para plantar batalla judicial a las empresas del denominado cártel del AVE: las quince empresas que en 2019 fueron sancionadas por la CNMC con 118 millones de euros por repartirse los concursos públicos para la electrificación tanto de la red del AVE como de las líneas convencionales.
En su momento, se entendió que el regulador impuso una multa ejemplarizante por la infracción única y continuada en la que, durante 14 años, había incurrido este conjunto de empresas para adjudicarse de forma fraudulenta 200 proyectos ferroviarios por valor de 1.000 millones de euros. Ante la gravedad de los hechos revelados en la resolución y el gran número de licitaciones afectadas, Adif encargó un informe especializado para determinar los daños y perjuicios causados, así como el "impacto" en obras cofinanciadas con fondos europeos.
Aunque no se volvió a saber nada de aquel informe, ahora el gestor público ha comenzado a activar los mecanismos previos para reclamar el resarcimiento por el sobrecoste desembolsado a lo largo de estos años. Aunque ello suponga abrir una macrocausa contra las empresas del Ibex. Empezando por armar una defensa jurídica bien sustentada para un procedimiento en el que se juega recuperar una parte proporcional del dinero amañado.
El administrador de la vía férrea quiere asegurar su defensa jurídica con todas las consecuencias dado que se enfrenta a las grandes constructoras del Ibex
Ante la carencia en su plantilla de expertos en materia de litigación contenciosa para abordar con garantías tamaña empresa, la compañía pública dirigida por María Luisa Domínguez valora recurrir a grandes despachos de la abogacía de los negocios. No sólo para recibir un asesoramiento especializado en su decisión de pleitear contra algunas de las mayores constructoras del país, como ACS, OHL o Sacyr; sino también para trazar la estrategia legal más favorable a la defensa de sus intereses.
De acuerdo con la información consultada por La Información, se trata de una cuestión que preocupa bastante. En primer lugar por la cuantía de las reclamaciones que plantean exigir por daños y perjuicios causados a sus cuentas, aspecto en el que requiere de la colaboración de peritos para su cuantificación. Y segundo, pero al mismo nivel, por tratarse de un procedimiento relativo al derecho de la competencia, con sus propias normas y particularidades, donde existe una ingente jurisprudencia "menor y reciente, en ocasiones contradictora". Situación que no se ve favorecida por todos los procesos judiciales que hay en trámite por el denominado 'cártel de camiones'.
Teniendo en cuenta la suma de estos factores, Adif requiere de un blindaje jurídico incluso desde la actividad previa a la interposición de la correspondiente actuación judicial. Y una vez interpuesto el procedimiento, está dispuesto a agotar todas las vías legales, si bien no descarta llegar a acuerdos extrajudiciales que eviten la difícil travesía en los tribunales. Siempre y cuando el resultado de la sentencia recaída sea favorable a sus intereses.
Este paso adelante del gestor tiene lugar cuando todavía está pendiente que la justicia confirme la resolución de la CNMC, que fue recurrida por las empresas del citado cártel. Los recursos están en la Audiencia Nacional, aunque podrían acabar en el Tribunal Supremo si considera que tiene interés casacional. Esta decisión podría dilatar el proceso hasta ocho años. Entretanto, permanece bloqueado el alcance de la prohibición para contratar con cada una de las infractoras, que han podido seguir adjudicándose contratos estos años pese al expediente sancionador.
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