Ser independiente energético no es un camino de rosas. Por el contrario, supone el inicio de toda una carrera llena de obstáculos en forma de trámites administrativos, desenganches y autorizaciones en las que tanto las empresas como la administración se reparten las culpas a partes casi iguales. Son errores y retrasos que pueden acabar con los sueños de autosuficiencia de particulares y consistorios. En el caso del Ayuntamiento de Manzanal de Arriba, su lucha para poder ofrecer electricidad a bajo coste a sus vecinos ha derivado en una pugna directa contra viento y marea: a fin de cuentas, frente a un sistema que privilegia la generación centralizada a la distribuida.
Según la Guía profesional de Tramitación del Autoconsumo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), son necesarios 17 pasos para poder aspirar a producir energía para el autoconsumo. Eso sin tener en cuenta los trámites que cada administración autonómica puede imponer en función de su mayor o menos interés por el autoconsumo. Pese a establecer claramente los trámites, la guía del IDAE no indica los tiempos que pueden transcurrir desde que una idea se convierte en realidad. Quizá este es el principal freno para que el autoconsumo sea una realidad en España.
Si ser independiente energético es difícil para un particular, para una administración local puede convertirse en una auténtica pesadilla. El diseño de la instalación es el detonante del vía crucis. En primer lugar, se necesita saber a ciencia cierta si la instalación será mayor o menor de 10 kW puesto que este aspecto determinará la documentación que deberá presentarse para el registro del CAU (código de autoconsumo) que consta de una serie de letras y números para identificar la instalación y saber quien es el responsable de la misma.
Tras esta decisión se encadenan unos formularios con otros para solicitar el permiso de acceso y conexión. Es el momento en el que se solicitarán los avales y garantías necesarias para garantizar la viabilidad del proyecto. En función de la tipología de suelo (urbano, rústico o urbanizable) los potenciales autoconsumidores deberán asegurar las dotaciones o servicios requeridos por la legislación. Aquí aparece el primer gran enemigo del autoconsumo: la propia administración.
En función del tipo de tramitación de acceso y la conexión necesaria, los solicitantes tendrá que acogerse a una u otra legislación. Es un auténtico marasmo de leyes, reales decretos y reglamentos que, a menudo, acaban con la paciencia del solicitante. Para instalaciones de hasta 15kW, tendrán que acogerse a los requerimientos del RD 1699/2011, mientras que desde esta potencia hasta los 100 kW lo harán en virtud del RD1699/2011. Todo esto siempre que la elección elegida sea de baja tensión. Para la alta tensión serán aplicables disposiciones del RD 1955/2000 y el RD 1699/2011. En realidad, cualquiera que llegue a esta fase puede considerarse un auténtico afortunado.
Inmediatamente después, el decisor cambia de actor y la autonómica gana peso en el puzle del autoconsumo. Las autorizaciones ambientales y de utilidad pública, las autorizaciones administrativas previas y de construcción y la licencia de obras son gestiones que se tienen que sustanciar ante esta administración. Cambio de decisor y por lo tanto aumento del tiempo de espera que, en algunos casos, puede llegar a superar los tres, cuatro o cinco meses, en función de la rapidez de la administración de turno.
En el caso del consistorio de Manzanal de Arriba, su opción pasó por acogerse al grupo de clasificación 3.1 BT-04, con una potencia máxima admisible de 15 kW. Tras la administración aparecen las distribuidoras que, en el caso de la localidad zamorana es Unión Fenosa Distribución. Pese a que la certificación por parte del instalador autorizado de baja tensión se realizó el 20 de mayo de 2020, hasta el 10 de noviembre del mismo año la conexión a la red no pudo realizarse. Seis meses en los que el Ayuntamiento no pudo rentabilizar la inversión de 45.000 euros destinada a la adquisición e instalación de placas solares para dar energía a los edificios públicos y sus habitantes.
Una vez realizada la obra, obtenidas las oportunas autorizaciones y resto de inconvenientes, el autoconsumo se hace realidad. Se abre toda una serie de posibilidades para rebajar en más de un 20% la factura de la electricidad, si bien, en el caso de que se haya optado por una instalación de autoconsumo con excedentes, es decir, que permitan vender a la red la electricidad que sobre tras el consumo previsto para su capacidad, será necesario además obtener el ansiado CIL, el código de instalación de producción a efectos de liquidación. Sin este número, por mucho dinero que se haya invertido o muchas horas que se hayan dedicado a luchar por la independencia energética, la instalación no podrá compensar la energía consumida con la sobrante si no se siguen cumpliendo trámites y procedimientos.
Es exactamente el escenario que se presenta en Manzanal de Arriba. Un pueblo empeñado en la idea de cubrir costes y beneficios entre sus vecinos adheridos a la comercializadora de titularidad pública y que no podrá culminarse sin que este código llegue a Red Eléctrica.
Es exactamente el escenario que se presenta en Manzanal de Arriba. Un pueblo empeñado en la idea de cubrir costes y beneficios entre sus vecinos adheridos a la comercializadora de titularidad pública y que no podrá culminarse sin que este código llegue a Red Eléctrica. Es justo en este momento en el que se encuentra el procedimiento para poder amortizar el 100% de los 45.000 euros públicos dedicados al diseño, construcción y comercialización de la energía y que está en este momento en el cajón de Unión Fenosa Distribución. Sin el envío por parte de la distribuidora a Red Eléctrica, Manzanal de Arriba no será más que un cliente más del sistema, dejando en el limbo de los justos su sueño de poder ofrecer electricidad limpia, autóctona y barata a sus habitantes.
El mecanismo de compensación permite que la energía procedente de la instalación de autoconsumo que no sea consumida instantáneamente o almacenada por los consumidores asociados, se pueda inyectar a la red. Es un sistema justo, si bien tardío en su compensación, ya que se realiza la compensación entre el coste de la energía comprada de la red y el valor de la energía excedentaria inyectada a la misma a mes vencido. La valoración del precio se realiza al coste medio del horario de mercado menos el gasto de los desvíos o al precio acordado entre las partes, según sea el contrato de suministro a PVPC, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o bien al mercado libre.
Es un proceso lento que, en el caso de Manzanal, va a llegar a los dos años y que depende tan solo de que un papel salga de un cajón para que entre en otro despacho. Para muchos municipios de la denominada ‘España vaciada’ sería un pequeño paso para la comercializadora, pero supondría un gran paso para el resto de la comunidad: Una sociedad que espera como agua de mayo poder desvincularse de los dos grandes enemigos del autoconsumo en España.
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