Varapalo a las compañías eléctricas que operan en la isla de Tenerife. El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves los decretos que resuelven los procedimientos sancionadores a Unión Eléctrica de Canarias Generación SAU (Unelco Endesa) y Red Eléctrica de España (REE) por el cero energético ocurrido en Tenerife en septiembre de 2019. En el primer caso, la empresa distribuidora y generadora deberá desembolsar más de 13,66 millones de euros por tres infracciones administrativas muy graves previstas en la Ley 24/2013, mientras que en el caso de la transportista (REE) la multa ascenderá hasta los 11,19 millones de euros por dos infracciones administrativas muy graves en base al mismo texto legislativo.
En lo referente a Unión Eléctrica de Canarias Generación, se ha constatado que el fallo de la capacidad de arranque autónomo originado el 29 de septiembre de 2019 evidencia la falta de idoneidad técnica de los grupos de Granadilla Gas 1 y 2. Este hecho se tradujo en una reducción, sin autorización, de la capacidad de producción y del suministro de energía eléctrica. El Gobierno de Canarias recalca que no solo se puso en riesgo la garantía de suministro, sino que fue un elemento determinante para que se prolongara más de lo necesario el cero eléctrico acontecido, al condicionar la indisponibilidad de los citados grupos Gas 1 y 2 la estrategia de reposición de suministro.
En el caso de REE, entre otros aspectos, ha quedado patente, según el Ejecutivo canario, que la Subestación de Granadilla no contaba con el equipamiento de protecciones conforme a su grado de criticidad exigido en el Sistema Eléctrico Canario. Este comportamiento anómalo del sistema de protección terminó por generar un hueco de tensión cuyos efectos se propagaron desde la subestación de Granadilla hacia el resto de la red. Como consecuencia de estos hechos, "ha quedado acreditado que REE incumplió su obligación de mantener sus instalaciones en las adecuadas condiciones de idoneidad técnica".
Finalmente, la administración ha recordado que el órgano competente para sancionar las infracciones muy graves en materia eléctrica es el Gobierno de Canarias, según establece el artículo 21.2 de la Ley 11/1997, del 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.
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