Economía quiere evitar conflictos con los seguros: exige advertir sobre sus riesgos

Con el reciente precedente de los innumerables escándalos con productos bancarios, muchos de ellos profusamente judicializados, el Ministerio de Economía busca prevenir problemas en el mundo del seguro. La dirección general de Seguros y Planes de Pensiones obligará a las compañías a informar de forma proactiva a sus clientes sobre los riesgos que asumen cuando contratan productos de ahorro para su jubilación con rentabilidades ligadas a los actuales bajos tipos de interés.

El problema surgirá si el asegurado sucumbe a la tentación de rescatar sus aportaciones cuando los tipos comiencen a subir, perdiendo dinero, advirtió el director general de Seguros y Planes de Pensiones, Sergio Álvarez, en el XXIV Encuentro del Sector Asegurador, organizado por Deloitte, Mapfre y ABC.

La racionalidad es la de la lógica propia del mercado: con los tipos a cero, las rentabilidades ofertadas son muy bajas ante la dificultad para encontrar activos con los que construir las carteras que renten lo suficiente. Cuando la situación económica permita al Banco Central Europeo (BCE) encarecer el precio del dinero, los escaparates podrán recuperar productos con las retribuciones de antaño.

En ese momento se darán dos efectos: el propio repunte de la rentabilidad de los bonos sobre los que puede estar construida la cartera de inversión impactará negativamente en su precio, y existirá la tentación de buscar alternativas con mejores retribuciones. Pero rescatar el ahorro supone aceptar el valor del mercado o, lo que es lo mismo, encajar quebrantos en el momento de la liquidación, y muchos de esos productos aplican además penalizaciones por sacar las aportaciones antes del plazo estipulado.

Alerta para las rentas vitalicias

El toque de atención está particularmente dirigido a las rentas vitalicias, un tipo de producto que se basa en seguros de vida y cuya finalidad es proporcionar al usuario unos ingresos periódicos a partir de un determinado momento de su vida para servir de complemento a la pensión pública, y no perder el poder adquisitivo al finalizar la vida laboral.

Para evitar problemas, la dirección general de Seguros lo ha incluído entre los seguros afectados por el Reglamento de Priips (reglamento comunitario sobre información de productos de inversión minoristas vinculados y de productos de inversión basados en seguros), que entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y exige aportar al consumidor un documento específico con todas las condiciones del producto. Un esfuerzo que se asemeja a las medidas de transparencia reforzadas precontractuales incluídas en la reforma de la Ley Hipotecaria enviada al Congreso para trámite parlamentario.

La contratación de este tipo de seguros ha ido en auge en los últimos meses, a pesar de la baja rentabilidad que pueden ofrecer con los tipos oficiales a cero, a medida que se extiende el convencimiento entre la ciudadanía de que la pensión pública será insuficiente dentro de unos años y, sobre todo, favorecido por las ventajas fiscales para el producto introducidas en la última reforma del IRPF.

Gestiona 1.279 millones de euros

Según datos del Servicio de Estadísticas y Estudios del Sector del Seguro en España (ICEA), este producto acumulaba a finales de septiembre un volumen de ahorro bajo gestión de 1.279 millones, frente a 770 millones de euros administrados al cierre del pasado ejercicio. Hasta esa fecha de septiembre, unas 13.570 personas mayores de 65 años habían liquidado o transformado alguna propiedad (vivienda, fondos de inversión, acciones…) en el producto que le garantiza determinados ingresos mensuales o trimestrales de por vida, acogiéndose a las ventajas fiscales introducidas en su día.

Desde enero de 2015 están exentas de rendir cuentas a Hacienda las ganancias patrimoniales que se obtengan en la venta de un inmueble, en participaciones de un fondo de inversión, de acciones o de cualquier otro bien patrimonial (una licencia de taxi, por ejemplo), siempre que el importe total se destine a constituir una renta vitalicia, algo que ha espoleado su contratación.

La alerta, formulada en el mismo foro donde la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, instó una reforma integral del actual sistema de pensiones para introducir planes de pensiones obligatorios en las empresas capaces de sumar entre 20.000 y 25.000 millones anuales en unos años, incide sobre dos de las grandes preocupaciones de las autoridades de seguros: los tipos bajos y una mejora en la transparencia cuando se comercialicen productos.

Las aseguradoras españolas cuentan con casi el doble de la solvencia exigible, pero el supervisor comenzó ya el pasado año a poner cerco sobre su exposición a los tipos por su elevada exposición. Esta industria es uno de los grandes inversores en deuda, sobre todo del Tesoro. Manejan activos con más de 200.000 millones de euros de valor, en su mayor parte en títulos de renta fija donde una caída del valor puedes afectarle directamente. Seguros ya les conminó el pasado año por carta a “monitorizar” su exposición, y les alienta a diversificar la inversión en otro tipo de activos. Por lo que respecta a la comercialización, la industria se encuentra involucrada en un trabajo de simplificación de los contratos y del propio lenguaje, a fin de facilitar la comprensión de productos y riesgos por parte del consumidor.