El BdE admite que solo se inspecciona a la banca un año después del primer aviso

La supervisión intrusiva, con inspectores desplazados a los despachos generales de las entidades para revisar carteras, se ha descafeinado con el traspaso de competencia al Banco Central Europeo (BCE). El presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez, denunció ayer que cuando salta una alerta susceptible de hacer una investigación in situ, el procedimiento general es proceder a su notificación para que el Mecanismo Único de Supervisión (mus) la incorpore al programa del siguiente ejercicio.

El rígido protocolo instaurado por el Mus cercena la autonomía de los inspectores que hasta que el BCE asumió la supervisión en otoño de 2014 estaban capacitados para trasladarse a la entidad para peinar sus carteras o balances casi de inmediato. Sánchez comparecía en la Comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera y el colapso de las cajas y sacó del prudente silencio que siempre rodea a los inspectores al colectivo con una intervención consensuada en la Asociación que preside que contenía duras denuncias a la situación regulatoria y supervisora actual.

En su opinión, la situación ha empeorado y, aunque defendió las ventajas de la Unión Bancaria, alertó de que la tendencia regulatoria y supervisora “nos puede conducir a un desastre mayor del que ya hemos sufrido” porque convierte en mucha más laxo el control sobre la banca y las reglas exigibles favorecen de forma particular a las grandes entidades.

Seguimiento en remoto y confiando en los supervisados

Si la supervisión con equipos desplazados dependía antes de la evolución de los trabajos y sus averiguaciones, con capacidad para exigir datos específicos aún en remoto, ahora denunció que gran parte de la tarea corresponde al seguimiento de las cifras que suministran las entidades. “Se nos dice -relató- que si tenemos dudas de las cifras, si detectamos inconsistencias contables, se pide que se dediquen medios para inspeccionar las dudas que teníamos” y se programan para el año siguiente en trabajos que “tienen que acabar en 6 u 8 semanas”.

La Asociación que aglutina al 80% de los inspectores y auditores informáticos de la institución denunció que, normalmente, los problemas afloran precisamente por la tentación de intentar ocultar bajo datos irreales los apuros de gestión. “La plataforma informática la llevamos al día, pero luego la cartera no la mira nadie” y se trabaja con datos que “no se contrastan suficientemente”, lamentó, aunque matizó con un voto de confianza a las entidades que creen en la “fiabilidad” de las entidades y “la certeza de la cifras que nos están suministrando en este momento”.

A juicio de los inspectores la regulación anterior “era más sólida” entre otros factores porque era menos compleja. Sánchez criticó que se está acumulando tal “marasmo normativo” en Europa, con algunas regulaciones “contradictorias entre sí”, que complican incluso la función inspectora -"no contribuye a tener una imagen más clara de las entidades", zanjó-.

Castigar las cuentas con exigencias

A título de ejemplo refirió que se pida a las entidades que emitan títulos de deuda de baja calidad pero que servirán para absorber pérdidas y, por tanto, les obliga a ofrecer una rentabilidad muy elevada porque el inversor asume el riesgo de que se amorticen en caso de insolvencia. La exigencia llega además cuando ganar rentabilidad es vital y los altos intereses que deben pagar deteriorarán aún más la “muy débil” cuenta en el peor momento, remarcó.

Los inspectores aprovecharon la ocasión para llevar al Congreso una denuncia sobre el intrusismo profesional que supone que el supervisor europeo se apoye cada vez más en su función de controlador con auditoras y consultoras, pese al “conflicto de interés” que entraña porque estas firmas trabajan de forma habitual y frecuente con los bancos a los que ahora contribuyen a supervisar.

Pero quizá entre las mayores enmiendas del colectivo figura una directa al fondo mismo de la normativa. Frente a la obsesión del regulador de reforzar el capital y la capacidad de absorber pérdidas de las entidades, los inspectores anteponen la calidad del balance. “El 80% del riesgo se concentra en la calidad o no calidad de los activos”, defendió. Por eso, una de las batallas que, según desveló plantean los inspectores, es evitar que las entidades liberen provisiones y aquí el foco lo ponen en las grandes entidades, cuyos modelos de gestión de riesgos les permiten hacer saneamientos a medida en función de su historia de impagos. “Estamos muy preocupados por los modelos de gestión de riesgo”, indicó.