El Banco de España presagia un periodo delicado para el tejido productivo, sobre todo aquel con mayor dependencia de los precios energéticos como el transporte, la hostelería, la construcción o la agricultura. La institución que capitanea Pablo Hernández de Cos prevé que el aumento de los costes de producción deteriorarán la situación económica y financiera de algunas compañías, tanto si lo trasladan a sus clientes como si no. En el primer caso sus ventas podrían resentirse y, en el segundo, sus márgenes se contraerán. Este contexto de inflación desbocada consecuencia principalmente de la invasión rusa sobre Ucrania podría colocar en situación de vulnerabilidad financiera a algunas empresas.
El director general de estabilidad financiera, regulación y resolución del Banco de España, Ángel Estrada, ha advertido de que lo más importante es que se eviten los efectos de segunda vuelta. Con ello se ha referido básicamente a las consecuencias que se derivan de que se ajuste a la inflación los salarios o los márgenes empresariales para protegerse ante el aumento de costes. Rechaza que se indexen, como el Gobierno ha planteado para las pensiones. Tales circunstancias enquistarían el fenómeno de la alta inflación y significaría, también, mayores tipos de interés.
La autoridad monetaria expone en su último Informe de Estabilidad Financiera la responsabilidad del Ejecutivo para limitar este impacto. Considera que estos efectos se verían en parte mitigados por las medidas temporales aprobadas por el equipo de Pedro Sánchez para reducir el coste de los derivados del petróleo. Entre las medidas en respuesta a la crisis por la guerra de Ucrania que fueron aprobadas en Consejo de Ministros del pasado 29 de marzo se encuentra una bonificación mínima de veinte céntimos por litro de combustible y ciertas rebajas a los impuestos eléctricos, dentro un conjunto de ayudas directas de 6.000 millones de euros y de medidas en otros ámbitos.
El plan aprobado también incluye una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 10.000 millones de euros y ciertas mejoras en las condiciones de algunos créditos avalados existentes. Precisamente el agotamiento del despliegue de los programas de garantías públicas ha reducido sustancialmente las nuevas operaciones avaladas, si bien esta nueva línea asociada al conflicto bélico podría revertir esta tendencia. También se moderó el aumento de lo dispuesto en las operaciones ya existentes con respecto al año anterior.
El principal efecto de estos programas sobre el sector bancario es la morosidad. Todavía no se detectan señales claras de aumento de la mora, pero sí que existe ya alguna evidencia de deterioro que podría acabar en un incremento de los activos problemáticos. Los sectores más afectados por la crisis del Covid-19 muestran los mayores indicios de debilidad, especialmente manifiesto en los préstamos en vigilancia especial, que ya alcanzan el 20%. El peso de los activos dudosos sobre el total de exposición aumentó desde el inicio de la crisis del 5% al 5,9% entre los más damnificados por la crisis sanitaria. El Banco de España confía en su capacidad de pago, pero también recuerda que los prestatarios que disfrutaron de este programa son de forma general los más vulnerables, y la materialización de riesgos macroeconómicos, en particular los derivados del conflicto en Ucrania, podría golpearles especialmente.
Un factor que puede aumentar el riesgo de deterioro crediticio en los préstamos ICO es el fin de la carencia en la amortización del principal que disfruta una parte importante de los mismos. Alrededor de un 35% de los créditos disfruta todavía de estas 'vacaciones' sobre la devolución, cuya finalización se producirá, mayoritariamente, este mes de abril y hasta septiembre. El Banco de España resalta que un 22% adicional de los préstamos ICO presentan la característica de amortización única al final del vencimiento, lo que limitaría notablemente sus cargas financieras hasta esa fecha. El uso de las provisiones contempladas en el código de buenas prácticas para el marco de renegociación ha sido bastante limitado, según datos a cierre de 2021.
Estrada ha explicado que la morosidad podría llegar desde varias vertientes. Además de los ICO, la subida de tipos puede tener un impacto importante, pues afecta igualmente a la capacidad de pago de los agentes, pero también a las valoraciones de la deuda pública y privada. "El nivel de incertidumbre es enorme", ha apostillado. Los datos proporcionados por el director general del Banco de España apuntan a 49.000 millones de dudosos en el sector privado residente, unos 27.000 millones en sociedades no financieras y 22.000 millones en hogares. En vigilancia especial se observan 94.000 millones, unos 61.000 millones en para el primer grupo y 31.500 millones en el segundo.
Alza de tipos rápido: más peso del gasto financiero
Las empresas también podrían verse afectadas por un eventual aumento de los tipos de interés, sobre todo si es más rápido de lo que se prevé, que incrementaría el porcentaje de empresas con elevada presión financiera. No obstante, bajo el escenario central de prolongación de la recuperación económica que se anticipa, las vulnerabilidades tenderían a reducirse. En la financiación bancaria empresarial predominan los préstamos con vencimiento a corto plazo o a tipo variable, por lo que la traslación de las variaciones en los tipos de interés de mercado al coste medio de la deuda es relativamente rápida.
Bajo un escenario consistente con las últimas proyecciones de la economía española en el que los tipos de interés aumentan de forma progresiva durante este año y el próximo en línea con las expectativas de mercado, el peso de los gastos financieros de las empresas sobre el excedente bruto de explotación empezaría a incrementarse a partir de 2023, hasta situarse a finales de 2024 en un punto porcentual por encima del nivel de 2021. Realizando un análisis de sensibilidad a una subida de los tipos de interés a corto y largo plazo de 100 puntos básicos más elevada que la contemplada ahora muestra un incremento adicional del peso de los gastos por intereses en las rentas empresariales de 1,7 puntos porcentuales en 2024.
Las familias más vulnerables, en riesgo
En otro orden de cosas, el Banco de España recoge en su informe que no se detecta un deterioro de la posición patrimonial de los hogares como consecuencia de la pandemia. Eso sí, advierte de que el intenso aumento de los precios de la energía registrado en 2021 y en la parte transcurrida de 2022 podría comprometer la capacidad de repago de las deudas de los hogares de rentas bajas, ya que el gasto en esta partida supone una proporción más elevada de su consumo. Aunque las familias pueden amortiguar el impacto reduciendo temporalmente sus tasas de ahorro o mediante el recurso a fondos previamente acumulados (y, en particular, a la bolsa de ahorro extraordinario generada durante la pandemia), la posibilidad para hacerlo es desigual por estratos de renta.
El BdE aboga por un plan estatal claro para hacer frente al elevado nivel de déficit y de endeudamiento público, así como por medidas fiscales selectivas y focalizadas en los grupos vulnerables
Aquí vuelve a entrar en juego el resultado de las medidas aprobadas por el Gobierno, pues podrían paliar el aumento de los precios de los derivados del petróleo podrían mitigar este impacto, aunque no lograrían contribuir a que los hogares redujeran su grado de dependencia energética. Como consecuencia, la compensación del aumento transitorio de los precios de la energía y la reducción de la dependencia energética del exterior presionarán previsiblemente el gasto público. Los ya elevados niveles de déficit y endeudamiento público hacen a la economía española vulnerable al deterioro de las condiciones de financiación y limita el espacio fiscal para reaccionar ante la materialización de nuevos riesgos
El Banco de España aboga así por el diseño de un programa de consolidación fiscal a medio plazo que permita contener y reducir las vulnerabilidades asociadas al alto endeudamiento público, para su aplicación una vez la recuperación sea sólida. Estrada ha reconocido que ahora mismo no es el momento de ponerlo en marcha debido a la incertidumbre, pero sí que considera muy relevante que esté completamente preparado para cuando haya una mayor claridad.
Este programa debería definir de forma detallada los plazos y medidas que serán necesarios para su consecución, poniendo especial énfasis en la composición del ajuste entre los ingresos y los gastos, que resultará clave para determinar su impacto sobre el crecimiento económico. En cuanto a las medidas de estímulo fiscal, considera que deben mantener un carácter selectivo y focalizarse en los agentes más vulnerables y afectados por el incremento de la incertidumbre y de los precios de las materias primas. Las reformas estructurales que mejoren el crecimiento potencial de la economía deben ser un complemento fundamental de esta estrategia.
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