Fue miembro de la comisión de retribuciones de Abengoa, el órgano que aprobó los contratos por los que Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega cobraron 11,4 y 4,4 millones de euros tras su salida de la empresa, pocos meses antes de que ésta presentara el preconcurso. El exministro socialista José Borrell, que a diferencia de sus compañeros en ese órgano no está acusado, ha confirmado durante su declaración como testigo la versión de esos dos directivos punto por punto en el juicio de Abengoa. El expresidente del Parlamento Europeo ha asegurado que si no hubieran firmado esos contratos, les hubiese correspondido cobrar más de 14 millones de euros a cada uno. También ha calificado de "barbaridad" que el Santander recomendara la salida del expresidente ahora acusado y ha culpado a esa exigencia de la caída de la multinacional.
Tal y como hizo Benjumea y los otros tres miembros de la comisión de retribuciones acusados, Borrell culpó al Santander del declive de la multinacional al forzar la salida del expresidente, lo que, a su juicio, habría socavado la confianza de los mercados. El exministro socialista aseguró que esa condición le pareció "una barbaridad". "No se cambia de caballo al pasar un río", ha dicho que mantuvo en el consejo de administración en el que se le informó de la recomendación del Santander. "Vamos a crear una situación de enorme incertidumbre", ha asegurado que dijo durante esa reunión.
Eso ocurrió el 14 de septiembre de 2015 y, durante la semana posterior, él y el resto del consejo trataron de "recoser" el acuerdo con los bancos para asegurar la operación, aunque constataron que las condiciones impuestas por éstos eran cada día más gravosas. Cuando lograron firmar con ellos, el HSBC uno de los que se habían embarcado, exigió que se aprobara una línea de crédito de 160 millones de euros y que se recobraran las que se habían cancelado.
Borrell no estuvo en el consejo de administración del 23 de septiembre en el que se votó por unanimidad el cese de Benjumea. Tampoco en la comisión de retribuciones que se celebró ese mismo día para aprobar la indemnización del ya expresidente. El político ha justificado su ausencia porque la víspera, todo parecía en situación de 'impasse'. "El 22, el Santander no había dicho nada, por eso delegué mi voto pensando que el tema estaba resuelto o aparcado", se ha justificado Borrell, que ese día tuvo impartió una conferencia en San Fernando (Cádiz). Sus tres compañeros que sí acudieron a la comisión se sientan estos días en el banquillo de los acusados.
El exministro hizo un dibujo idílico de la situación económica de la compañía hasta el momento en que se impuso la salida de su expresidente. Aseguró que, pese a las dudas sobre su deuda expresadas por la agencia de calificación Fitch en noviembre de 2014, Abengoa había conseguido recuperar rápidamente el valor de la acción. La empresa iba "viento en popa", hasta tal punto, que él mismo decidió invertir 50.000 euros en acciones. Unos meses después, ya en 2015 decidió comprar más títulos. "Si la empresa hubiera ido mal, no lo hubiera hecho", ha dicho al tribunal.
Tampoco considera que la crisis financiera en Brasil, donde Abengoa tenía el 30% de la actividad, afectara gravemente a su funcionamiento. La caída de la financiación de proyectos por el Banco Nacional de Desarrollo de ese país, hizo que la empresa tuviera que tirar de recursos propios. Esos "problemas provisionales" fueron los que llevaron a sus responsables a poner en marcha la ampliación de capital, según Borrell, que ha quitado trascendencia a esa operación.
"Desde 2008, Abengoa había hecho seis ampliaciones de capital, cuatro por conversión de bonos y dos acudiendo al mercado", ha declarado. "Su capital pasó de 600 a 3.000 millones en el año 2015". Después ha explicado que en ese momento, se trataba de una empresa "en plena expansión alcanzando máximos históricos de ventas". "Sus tecnologías en renovables no tienen rival. Tiene un alto endeudamiento, es cierto, pero ese mismo año lo había reducido un 25%. Había multiplicado por cinco sus ingresos". La necesidad de ampliar de nuevo vino, además de por la crisis brasileña, por la bajada del petróleo y por el recorte del Gobierno a las ayudas a las renovables. "Esto último nos costó perder unos beneficios previstos de 1.500 millones de euros", ha dicho.
El juicio gira en torno a la oportunidad de que Benjumea y Sánchez Ortega cobraran sus millonarias indemnizaciones a escasos meses de la caída de la multinacional. Los interrogatorios de estos días tratan de dilucidar si ambos directivos conocían la mala situación de la empresa cuando cobraron sus resarcimientos. Borrell no solo considera que esos pagos se ajustaron a la legalidad y en un momento en el que no se podía prever el desastre. El exministro ha llegado a afirmar que, si en lugar de firmar contratos mercantiles de alta dirección en 2015 hubieran continuado con su relación laboral, sus indemnizaciones por despido improcedente hubieran podido superar los 14 millones de euros.
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