Sin segunda prórroga

Bruselas lleva a los 'gurús' del Gobierno a resolver los rescates a contrarreloj

La decisión de no extender el marco temporal de ayudas empuja a los despachos de abogados y a las consultoras contratadas por SEPI y Cofides a acortar los plazos de entrega de sus labores de supervisión.

La secretaria primera de la Comisión de Presupuestos, Patricia Blanquer (i), y la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda González (d), saludan a su llegada a una Comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados, a 27 de octubre de 2021, en Madrid, (España). La comparecencia tiene como objetivo informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. El presupuesto previsto de gastos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ascenderá en 2022 a 458.970 millones de euros, de los que 27.633 serán fondos europeos. 27 OCTUBRE 2021;CONGRESO;PRESUPUESTOS;MADRID;COMISION Eduardo Parra / Europa Press 27/10/2021
La presidenta de la SEPI, Belén Gualda (derecha), en el Congreso de los Diputados. 
Europa Press

Carrera sin tiempo del Gobierno para resolver más de 40 rescates en casi el mismo número de días. Bruselas se ha pronunciado y ha dicho de manera contundente que no hay motivos para una segunda prórroga a las ayudas del marco Covid-19 en la Unión Europea, entre las que se encuentran los mecanismos de solvencia extraordinarios de la SEPI (Fasee) y Cofides (Industria) para sacar del atolladero a las empresas golpeadas por la crisis sanitaria. Y quienes viven esta contrarreloj en primera persona son los bufetes y consultoras contratadas desde hace meses para realizar esta tarea. 

Este pool de gurús que contrató el Gobierno a través de dos acuerdos marco comprende a aproximadamente 20 reputadas firmas de servicios profesionales que llevan desde hace más de un año trabajando codo con codo con la administración para evaluar las propuestas de recapitalización que llegan a SEPI y Cofides. Su labor se estructura en función del bloque que ocupen, el financiero o el legal. El primero se encarga del proceso de due dilligence de la compañía afectada y el segundo examina si se cumplen estrictamente los criterios de elegibilidad para optar a estas ayudas.

Algunos de los participantes trasladan a La Información que la decisión de Bruselas acorta en exceso los tiempos de trabajo para dar un o un no a la solicitud de financiación vital para el futuro de empresas españolas. Según la experiencia vivida hasta el momento, la media de estos análisis es de dos meses -algunos grandes expedientes de empresas estratégicas como Abengoa han duplicado ese plazo-, un ritmo imposible de mantener en el tiempo restante si se quieren desatascar todas las peticiones pendientes. 

Pese a ello, Bruselas ha entendido que estos vehículos de inversión extraordinarios ya han tenido suficiente tiempo para hacer los deberes. La vicepresidenta europea, Margrethe Vestager, explicó en un comunicado que la mejora de la situación económica ante la relajación de las restricciones de la pandemia "es la principal razón por la que hemos decidido no prolongar el Marco Temporal COVID de ayudas estatales más allá del 30 de junio de 2022".

Las fuentes consultadas coinciden también en que se espera un mayor volumen de resoluciones en las próximas semanas que, en el caso de los grandes expedientes, pasarán por el Consejo de Ministros para tener la luz verde final. Algunas ayudas como la que solicita la siderúrgica Celsa (555 millones de euros, la mayor solicitud de todas las recibidas) lleva más de un año bajo análisis, pero está ya en la rampa de salida. Aun así, sigue supeditada de algunos flecos con la Comisión Europea y sus acreedores.

Expedientes por resolver y dinero por repartir

La decisión de Bruselas compromete más a Cofides que a SEPI por lo que a número de expedientes se refiere. La compañía dependiente de Industria tiene todavía bajo análisis más de 20 solicitudes, a las que hay que sumar otras ocho nuevas que se presentaron la pasada semana internamente a sus asesores y no han empezado a estudiarse. La última vez que el comité de inversiones se reunió desbloqueó seis ayudas de golpe por valor conjunto de 60 millones aproximadamente y alcanzó los 328,6 millones en ayudas, cifra todavía lejana a los 1.000 millones con los que ha sido dotado el fondo. 

Por el lado del dinero por adjudicar, el resultado es el inverso. El fondo de la SEPI ha tenido mucho más tiempo para analizar sus ayudas y solo ha querido estudiar las de 37 empresas, por lo que va a dejar mucho dinero por repartir. En concreto, al menos 5.000 millones de euros. Por sus requisitos de elegibilidad, se ha visto obligada a rechazar algunas propuestas. Habría echado atrás 15 propuestas -muchas se desconocen-, entre las que estaría la de hotelera Room Mate. Su propietario, Kike Sararola, se quejó públicamente la semana pasada de la actuación del Fondo de Solvencia en un acto organizado por la CEOE. 

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