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El Estado alcanza el objetivo marcado y se consolida como máximo accionista a la espera de que la saudí STC mueva ficha para pedir autorización con la que alcanzar el 9,9%.
El Estado alcanza el objetivo marcado y se consolida como máximo accionista a la espera de que la saudí STC mueva ficha para pedir autorización con la que alcanzar el 9,9%.
Hasta ahora, la entrada del Estado en Telefónica se ha traducido en el nombramiento de Carlos Ocaña Orbis como consejero en representación de la SEPI y en sustitución de Carmen García de Andrés (independiente).
El precio medio que el Estado ha pagado por cada acción de Telefónica es de 4,0177 euros, por lo que la inversión del Gobierno en la compañía española asciende a casi 2.059 millones de euros.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Aída Fernández González como subsecretaria del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Sigue avanzando en el mandato del Gobierno de adquirir hasta un 10% de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete, un movimiento que se produjo en reacción al desembarco de la teleco saudí STC en la teleco.
El ministro de Economía defiende que el exjefe de gabinete de Industria con Zapatero ha tenido puestos de responsabilidad en el sector público y privado y que desempeñará sus funciones con las máximas garantías
La empresa pública comunica que batió ese umbral el pasado viernes, consolidándose como el mayor inversor directo en el capital, a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre su autorización a que STC logre el 9,9%
Llama a minoritarios de nuevo para completar el orden del día. Para acomodarlo tiene la opción de reducir a siete los independientes, incumpliendo la recomendación de CNMV, o hacer lo mismo con uno de los tres ejecutivos.
La compañía de telecomunicaciones española deberá aprobar ahora la designación formal y todo apunta a que será en sustitución de un consejero independiente.
La multinacional española hará públicos este jueves sus resultados para el periodo entre enero y marzo, a la espera de que culmine la fusión de dos de sus grandes competidores en el sector de las telecomunicaciones.
La empresa pública comunica a la CNMV que su participación en la teleco se coloca por encima de esta barrera, lo que refuerza su posición en el capital mientras que todavía está pendiente la decisión del Gobierno sobre STC.
La compañía energética nacional está en conversaciones con los accionistas de la empresa española. La Caixa buscaría aumentar el porcentaje de capital que controla mientras que otros fondos sí estarían dispuestos a vender.
El brazo inversor del Gobierno eleva su participación en la operadora de telecomunicaciones tras la compra de un paquete de 115 millones de acciones por debajo de 4 euros, que le llevan a ser el segundo mayor accionista.
Afirma que los socios nuevos "aportan estabilidad" y vuelve a exigir una “regulación justa” destacando planes de crecimiento basados en la nueva hoja de ruta. Salen adelante reelecciones de consejeros y el bonus a directivos.
La dirección de la multinacional estadounidense publicó la semana pasada un comunicado en el que aseguraba que la actividad industrial en la planta de San Cibrao, Lugo, no es viable, mostrándose dispuesta a venderla.
El movimiento se produce después de que CriteriaCaixa incrementase al 5% su participación en el operador y la espera de los siguientes pasos de la SEPI y STC. Otros fondos como BlackRock también tiene posiciones bajistas.
El holding de inversiones de la Fundación La Caixa duplica su presencia en la operadora tras la desinversión de su banco participado Caixabank y después de que el Gobierno formalizase su entrada en el accionariado.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirma que la SEPI pedirá incorporarse al máximo órgano de gobierno de la teleco dentro de su operación de alcanzar el 10% de la operadora.
El contratista de defensa y consultora tecnológica sigue elevando su despensa de acciones propias hasta el punto de duplicar su posición en lo que va de 2024 tras una inversión superior a los 50 millones de euros.
El informe de ejecución presupuestaria de febrero apunta que hubo una aportación patrimonial de 500 millones a la entidad, que se destinó a la adquisición de acciones de Telefónica, de la que el Estado posee ya el 3,044%.
Tras la adquisición del 3,044% de Telefónica este lunes, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró ayer que el Gobierno prevé alcanzar el 10% del accionariado "en el menor tiempo posible".
La entidad llegará siendo socio muy relevante en caso de mantener el ritmo de compras desde principios del mes de marzo. Los plazos impiden modificar el orden del día para incorporar el nombramiento de un consejero 'estatal'.
La operadora de telecomunicaciones reacciona con subidas en bolsa después de la irrupción del ente estatal en su accionariado, tras las compras de Criteria Caixa y la desinversión de Caixabank.
La sociedad estatal, que recurre a transferencias de capital desde Hacienda para estas compras, insiste en defender que se trata de una transacción que "proporcionará una mayor estabilidad" a la operadora española.
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