España aún cuenta con tres casinos públicos -en propiedad y gestión- y su cada vez más cercana venta y por tanto privatización, pende ahora de un hilo. El Cabildo de Tenerife -su hasta ahora propietario- sacó a concurso público sus participaciones en los tres casinos de la isla -Santa Cruz, Puerto de la Cruz y Playa de las Américas- pero el sindicato UGT-Canarias, tras estudiar los pliegos de venta, ha presentado una demanda contra esta documentación al entender que "vulneran claramente los principios de objetividad y transparencia que deben regir cualquier tipo de concurso público", tal y como señalan desde la agrupación de trabajadores.
El precio mínimo por el que se anunció el concurso era de 24,9 millones de euros, según destacaba el propio organismo en la presentación a inversores que realizó el pasado mes de octubre en Madrid. Para el Cabildo de Tenerife, esta venta se enmarca en el "proceso de reestructuración del sector público insular", según afirmaba Carlos Alonso, presidente del Cabildo.
En cambio, desde UGT-Canarias señalan que el precio no tiene una lógica aparente. "Al Cabildo le interesaba reducir de manera drástica y sin causa ni motivo alguno el valor que permitiera reflejar el precio de la licitación, en claro perjuicio del interés público", señalan desde el sindicato. De hecho, "con anterioridad se había sacado a la venta uno de los casinos por 20 millones y ahora se sacan tres por 24", indica Agustín Melián, presidente del comité de empresa de Casinos Tenerife. Además, y tal y como publicó este diario, esta nueva intentona de venta se produce en el momento en que estas instalaciones estaban dando la máxima rentabilidad de los últimos diez años.
Según los propios números del Cabildo, desde el año 2014, el primero en que la sociedad salió de pérdidas tras la crisis, el ebitda no ha hecho más que crecer. Tanto es así, que la propia institución pública apuntaba a una "tendencia a la recuperación" con un "balance positivo". La estimación de este indicador a cierre de 2018 se elevaba hasta los 2,9 millones de euros, camino de los poco más de cuatro millones que se registraron en 2007, antes de la crisis.
Es por ello que el propio Melián indica que "no es normal que cada vez ganen más dinero y en vez de subir, el precio baje". Desde el propio Cabildo, su presidente trataba de justificar la venta en este momento al considerar que "no parece razonable que el juego esté en manos públicas, es una anomalía en España. No hay ningún casino en España en manos públicas".
Más allá del precio, para el sindicato también plantea dudas el procedimiento de valoración de las ofertas. Según la propia información del Cabildo, en la decisión tendrá un poder del 45% la naturaleza empresarial del proyecto turístico que se presente para mejorar la calidad de la isla en este sentido, por lo que la oferta económica queda relegada al 55% restante. Es en ese 45% en el que residen las dudas. Según la documentación pública, ese plan debe conllevar una inversión mínima de 4,5 millones de euros.
"Dentro de esos 4,5 millones se pueden aportar los propios locales que adquiera y con la valoración de Tinsa del Casino de Playa de las Américas ya podría hacerlo", confirma Melián. Además, para llevar a cabo ese proyecto se da a los inversores un plazo de cuatro años y no se limita la actividad turística a desarrollar.
El problema del empleo
En la presentación del concurso, el Cabildo se afanó en recordar que el nuevo propietario "tendrá la obligación de mantener el empleo de forma individual durante, al menos, los próximos dos años". En cambio, desde UGT-Canarias dudan de este hecho: "Sabemos que se puede imputar la inversión en gastos para justificar pérdidas y hacer un ERE", confirma Melián.
"Este hecho se planteó a Pérez Frías -director insular de Hacienda-, y no hubo respuesta", continúa. A día de hoy, la plantilla de Casinos de Tenerife -firma que ahora se quiere privatizar- cuenta, tal y como recalcan desde el sindicato, con una "estabilidad, son personas que llevan trabajando allí 25 años". Por ello, el cambio de propiedad que propone el Cabildo, más allá de las irregularidades que han advertido desde la agrupación de trabajadores, no les convence.
Desde la agrupación canaria del sindicato instan al Grupo de Gobierno del Cabildo de Tenerife a la retirada de la venta de los casinos públicos de la isla al considerar que "esta viciado de nulidad" y piden que "no generen un daño a la sociedad".
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