Miércoles, 12.12.2018 - 18:22 h
Un estudio que dividió al organismo

La CNMC aparca el informe Uber contra el monopolio del taxi y asume la vía judicial

Competencia mantiene en un cajón el estudio donde reclamaba derribar el poder absoluto del taxi para acudir al Supremo y recurrir las restricciones.

Fotografía de José María Marín Quemada
Fotografía de José María Marín Quemada / EFE

Fue un informe que sacudió el sector del taxi… y el propio organismo. Competencia salió a escena en marzo de 2016 para presentar las conclusiones preliminares de un estudio sobre la economía colaborativa en el que, entre otras cosas, reclamaba derribar el “monopolio” del taxi. Las grietas surgieron en el superregulador. Dos años después, la versión definitiva del polémico informe sigue pendiente. Y, al menos por ahora, así seguirá.

[Leer más: Cabify se desmarca ante el TS: defiende un límite "más bajo y acorde al mercado"]

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abandonado la idea de este estudio con recomendaciones sobre el sector del transporte y de los alojamientos turísticos. En paralelo ha cambiado de estrategia y ha apostado por llevar su batalla en favor de la competencia (y de la entrada de nuevos competidores como Uber, Cabify, Airbnb o Homeaway) a los tribunales con diferentes recursos ante el Tribunal Supremo contra las restricciones a las licencias VTC o los reglamentos del taxi de varias ciudades grandes.

Un informe para dividirlos a todos

Este estudio, presentado sin haber sido aprobado en el consejo, era la primera gran aproximación al sector del transporte alternativo. Un informe preliminar que recibió 1.150 respuestas en una consulta pública que concluyó en el mes de junio de ese año. Desde esa fecha, nada más se ha sabido de ese informe. Fuentes oficiales del organismo consultadas por La Información, confirman que está aparcado y que no hay fecha de conclusión.

Esa primera versión fue la que prendió la mecha en el ‘superregulador’ e hizo estallar el enfrentamiento en el seno del organismo. Se crearon dos bandos. Por un lado, los que abogaban por un planteamiento mucho más duro frente al sector del taxi (y a favor de compañías tecnológicas), encabezado por el presidente, José María Marín Quemada, y el exresponsable de de Promoción de la Competencia y autor del informe, Antonio Maudes. Por otro los que defendían posicionamientos menos agresivos, encabezados por la vicepresidenta, María Fernández Pérez, y otros miembros del consejo.

La división y la salida del autor, otros obstáculos

Se llegó a crear una comisión de expertos para tratar de limar algunos de los aspectos más radicales del informe. Pero, no hubo más movimientos. Entre medias debían enfrentarse a la renovación del consejo -retrasado por falta de acuerdo político- y al plan del Gobierno para escindir el organismo en dos, algo que se quedó suspendido ‘sine die’. Más recientemente, hubo un cambio al frente del departamento de promoción de Competencia, tras la salida del autor del informe, Antonio Maudes.

Hay otros dos golpes indirectos al estudio con recomendaciones. Según precisan estas fuentes, uno de ellos es la presentación por la Comisión Europea de recomendaciones más genéricas para regular esta economía alternativa. El otro es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que concluía que la actividad de Uber Pop (su servicio entre particulares) debe considerarse como un servicio de transporte.

Ante este contexto, fuentes oficiales del organismo aseguran que no hay planes para este informe y que no sólo no hay plazos, sino que no hay previsión de retomarlo.

Los tribunales como opción

Desde la CNMC se ha apostado en este tiempo por los tribunales, más allá de las recomendaciones. Han ido recurriendo de manera sistemática los decretos del Gobierno para restringir las VTC y los reglamentos del taxi de algunos de los grandes ayuntamientos españoles.

La batalla principal se centra en el decreto de limitación de la actividad de las licencias VTC aprobado por el Gobierno de Rajoy en 2015. Tras su recurso, el próximo 17 de abril arrancará la vista oral del ‘macrojuicio’ que marcará buena parte del camino de este sector. En este tiempo también ha recurrido, entre otras, las ordenanzas del taxi que incluyen, a su juicio, restricciones a la competencia, como las de Málaga o Córdoba.

A estas batallas se sumará otra en las próximas semanas. La CNMC pidió al Gobierno que derogara el último decreto aprobado a principios de año y que restringe la venta de licencias VTC durante los dos próximos años u obliga a las empresas a comunicar a un registro autonómico todos los viajes con anterioridad a su contratación. Después de que el Ejecutivo no accediera, acudirá, como ha sucedido en otras ocasiones, al Tribunal Supremo.

A por el “monopolio” de taxi

Pero, ¿qué decía el informe? Llamaba a la eliminación de la restricción al número de licencias del taxi y de VTC, al representar un “perjuicio para consumidores en mayores tiempos de espera, mayores precios y eliminación de los incentivos a la innovación”. “Un sistema de licencias ha permitido cerrar el sector a la competencia y ha facilitado la aparición de rentas monopolísticas”, apuntaban.

A esta eliminación de las restricciones a las licencias, el organismo llamaba a la supresión de las tarifas reguladas en el sector del taxi ante la llegada de nuevas tecnologías, sistemas de reputación y nuevas formas de contratación que les quitan sentido.

Dos años después de su irrupción en el panorama, este documento ha quedado en un cajón en la CNMC. Y si no hay giros de última hora, ahí seguirá.

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios