El Alto Tribunal confirma en al menos seis sentencias que la ratio 1-30 no puede ser un argumento para 'tumbar' la petición de autorizaciones por empresas como Cabify o Auro pero devuelve todos los casos a la casilla de salida.
El Juzgado de lo Mercantil descarta condenar a la estadounidense por haber "inducido" a Auro, la segunda mayor flota de VTC de España, a incumplir el contrato de exclusividad que ambos tenían firmados.
Pide incluir una disposición en el nuevo reglamento de Madrid que impida contratar servicios en aquellas zonas donde las VTC no pueden parar ni estacionar, para así mejorar la velocidad comercial de autobuses y taxis.
El pago se incluía en el acuerdo con el gigante estadounidense basado en una serie de hitos. Los socios de la empresa Mirtosan, entre los que están ambos empresarios, se reparten casi 14 millones.
Los magistrados advierten que la normativa aprobada in extremis por el Gobierno y la "complejidad" del panorama regulatorio les lleva a pedir opinión a partes como Unauto, Cabify, la CNMC y las principales asociaciones del taxi.
El Alto Tribunal da por buenas las conclusiones del último pronunciamiento y agiliza así los trámites para sentenciar sobre la ilegalidad de la ratio 1-30 tras el decreto ley del Gobierno.
Las nuevas licencias no se denegarán, sino que se suspenderá el procedimiento durante tres años mientras se cumplen los requisitos medioambientales, lo que podría permitir que no haya demandas por el 'no'.
El Ejecutivo limitará las autorizaciones pedidas y a la espera de sentencia en base a los datos medioambientales y da más libertad a las CCAA para poner límites. Desdice al TJUE y recupera el "interés general" del taxi.
El Ministerio busca un resquicio para incorporar en el cambio legislativo el freno a las licencias, incluidas las reclamadas antes del 'decreto Ábalos', esquivando una reclamación patrimonial de los afectados.
La reunión del sector con Transportes, en la que ha estado presente el secretario de Estado, acaba sin acuerdo. Se citan para este miércoles con el fin de pactar un texto mientras la VTC exige a Bruselas que interceda.
El Gobierno anuncia la elaboración del nuevo texto legal, que podría aprobarse el próximo martes, para resucitar un 1-30 'de facto' mientras la VTC reclama un debate sereno antes de que el Supremo se pronuncia definitivamente.
El organismo recaba información sobre este mercado años después de que abandonara el controvertido 'informe Uber' en el que se reclamaba la liberalización del taxi y el derribo de restricciones a las licencias de Uber o Cabify.
El pronunciamiento de la Justicia europea marca unas ciertas 'líneas rojas' pero deja la puerta abierta a años de pleitos por la justificación de la segunda licencia autonómica, que sigue viva.
El Tribunal cree que la ratio 1-30 es contraria al Derecho de la Unión pero no se opone a que las comunidades reclamen la obtención de una licencia adicional para operar. Cree que ese permiso nuevo "puede ser necesario".
El Tribunal Supremo ha admitido más de una treintena de recursos desde julio de 2021 que suman miles de autorizaciones, especialmente en Madrid. El taxi exige que se mantenga la ratio 1-30.
La estadounidense no ejerce por ahora la opción de compra de acciones y mantiene su posición accionarial en el 30% de la compañía participada por el empresario español Jaime Castellanos y el fondo King Street.
Sienta jurisprudencia sobre la capacidad del sector de presentarse como interesado e impugnar por cualquier motivo la 'luz verde' a esas licencias. Lo hace justo antes de que Europa se pronuncie sobre la ratio 1-30.
El Alto Tribunal admite a trámite un nuevo recurso sobre una ordenanza municipal mientras está a la espera de que el TJUE se pronuncie sobre la ratio 1-30.
La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha recordado que, de no realizar este registro obligatorio, los VTC se exponen a una sanción por la aplicación del decreto en aplicación de la página web de control.
El Alto Tribunal admite a trámite un recurso planteado por el Gobierno de Ayuso en Madrid después de perder el primer asalto contra Cabify en el TSJM.
La deuda del banco europeo añade flexibilidad pero no implicará la entrada en el accionariado. Busca renovar 1.400 coches de Vector y de otras filiales.
Cree que la ratio 1/30 viola la libertad de establecimiento. Ahora debe ser el Tribunal quien emita su dictamen. Si sigue esta opinión inicial se abre la puerta a miles de autorizaciones en España.
Ataca como ya hiciera la CNMC a las restricciones para favorecer al taxi por los precios abonados por sus profesionales para adquirir las licencias: "Costaban menos de 100 euros y se venden por más de 100.000".
De media, el precio tarifario por kilómetro ha subido 2,2 % en horario de día. El presidente de Facua, Rubén Sánchez ha pedido a los ayuntamientos que tengan en cuenta las necesidades del sector del taxi.
Acepta un recurso de Cabify en el que pide que se anulen definitivamente el rechazo por silencio administrativo de indemnizaciones o ampliaciones del 'periodo de gracia' del llamado 'decreto Ábalos'.
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