El juez del Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid, Javier Sánchez Beltrán, se equivocó. Él mismo ha emitido un auto en el que admite que cometió un error en la sentencia emitida el pasado mes de diciembre, en la que determinaba que Banco Santander debía indemnizar al banquero italiano Andrea Orcel con 67,8 millones de euros por su fichaje frustrado. Tras revisar su fallo, ha concluido que la entidad debe pagar 51,4 millones de euros. Entre las modificaciones destaca que el grupo presidido por Ana Botín en realidad solo deberá hacer frente al abono de 32,8 millones de euros en efectivo, el resto en acciones y en diferido.
La indemnización total cambia fundamentalmente por la reducción de los incentivos a largo plazo, que inicialmente eran de 35 millones de euros. Ahora los ha rebajado a 18,62 millones de euros. Mantiene los 17 millones de euros en concepto de bonus de incorporación, los 5,8 millones de euros por las dos anualidades del salario de Orcel recogido en la cláusula 'retribución objetivo anual' y 10 millones de euros por daños morales y reputacionales. Fuentes oficiales de la entidad han asegurado a La Información que se sienten satisfechos con esta corrección, aunque en todo caso mantienen su pretensión de recurrirla.
Sánchez Beltrán reitera, en cualquier caso, que Banco Santander "incumplió el contrato" y, por tanto, fue resuelto de manera "unilateral e injustificada". Considera que, atendiendo a la evidencia de que el prestigio y formación de Orcel eran sumamente considerados en el ámbito bancario europeo, a las elevadas expectativas que había albergados, incluso dando a conocer públicamente su nombramiento, la decisión del banco produjo "frustración, desasosiego, incertidumbre y un cierto descrédito".
Este episodio jurídico se inició después de que Orcel decidiera acudir a los tribunales al sentir que debía ser resarcido por haber dejado su puesto en UBS y finalmente ser apartado como 'número dos' de Botín. Pedía inicialmente 112 millones de euros como compensación económica, fundamentalmente por los posibles daños reputacionales y a su carrera que esta decisión le pudiera acarrear en su vida laboral. Pero la situación profesional de Orcel ha cambiado desde entonces y su alegato fue perdiendo consistencia.
La bronca en sede judicial tenía tintes de no prolongarse demasiado. Apenas se necesitaban dos sesiones para que declarasen primero Botín y, después, los testigos. No obstante, el proceso se topó con una serie de obstáculos que obligó a suspender en varias ocasiones las citas que se iban programando. El caso fue así encallando una y otra vez, debido, entre otras cosas, a la inactividad de los juzgados en el mes de agosto, a una cuarentena por contacto estrecho con una persona positiva en coronavirus e incluso por problemas de agenda.
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