Martes, 26.03.2019 - 22:47 h
Energía ya controla 18.000 millones entre peajes y cargos

Nadal intenta dominar Omel para controlar toda la factura eléctrica

Los accionistas de la compañía que gestiona el mercado mayorista eléctrico recelan de Ignacio Grangel, el candidato que propone Álvaro Nadal

Ignacio Grangel
Ignacio Grangel, propuesto para presidir Omel.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha elegido a Ignacio Grangel, una figura clave en la reforma eléctrica que aprobó el Gobierno del PP, para controlar más la factura eléctrica. El ministerio, con la oposición de la CNMC y de Bruselas, controla los peajes y cargos que pagan los consumidores; con Grangel, abogado del Estado, tendrá conocimiento de primera mano sobre el sistema que fija los precios en el mercado mayorista de la electricidad. 

Nadal decidió la pasada semana proponer a Grangel como presidente de Omei -y del holding ibérico con Portugal, Omel- en sustitución de Pedro Mejía, exsecretario de Comercio en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que cumplía mandato. 

Omel está participada por eléctricas, bancos y entidades financieras. La idea de Nadal es disponer, en un espacio clave como es el mercado mayorista eléctrico, de una persona de confianza, capaz de interpretar toda la información que se genera en el proceso de casación de ofertas y capaz de funcionar al margen de la influencia de las empresas. En el mercado mayorista se fija el precio de la energía, que supone en torno al 40% del recibo de los clientes acogidos a la tarifa regulada (PVPC).

Más revuelo del previsto

La elección de Grangel, no obstante, ha provocado más revuelo del previsto por el ministerio. Por dos razones. Una, el perfil "político" del candidato -fue persona de confianza y jefe de gabinete de Alberto Nadal, hermano del actual ministro, en la secretaria de Estado de Energía- y otra, la retribución elevada que conlleva el cargo, en torno a medio millón de euros anuales.

Fuentes empresariales vinculadas a Omei y Omel explican que el candidato ideal debería tener un perfil más técnico que político. Ello porque la función de Omel consiste, básicamente, en hacer funcionar un sistema de información que ejecuta una serie de programas informáticos para hacer la “casación del mercado”.

Polémicas al margen, lo cierto es que desde su creación, Omel se ha arrogado un perfil mucho más cercano a un “regulador” del mercado, con gran influencia en normativa y hasta en la supervisión de los agentes que intervienen en el mercado. 

De ahí el interés de Nadal por disponer de una persona de confianza en una empresa formalmente privada, aparentemente pequeña (74 empleados, 14 millones de facturación), pero clave en el funcionamiento del sistema eléctrico y en el entramado de intereses del sector.

Los resortes del control

Nadal ha demostrado que se resistirá todo lo posible a ceder los resortes con los que controla el recibo de la luz, un tema políticamente sensible. Por mantener las competencias sobre los peajes (la parte de la factura destinada a pagar el transporte y la distribución eléctrica) mantiene un abierto enfrentamiento con Bruselas y con la CNMC.

Nadal argumenta que la Ley Eléctrica, en su artículo 16, establece que es el Ministerio de Energía el encargado de fijar tanto los peajes como los cargos para atender las primas a las renovables, la deuda eléctrica y las subvenciones a instalaciones fuera de la península.

En conjunto, Nadal controla 18.000 millones de euros del sistema eléctrico, 8.000 millones de peajes y más de 10.000 por cargos (7.000 millones de primas; 2.800 millones de deuda y 740 de pagos extrapeninsulares). No es un bocado menor. Por cuantía y por las posibilidades que brinda para influir en una parte fundamental del sistema empresarial y económico del país.

Los precios de la electricidad son un asunto políticamente sensible. Las decisiones que toma el regulador sobre el funcionamiento del sistema se reflejan en el recibo y, a menudo, causan alarma. Nadal lo sabe. En los últimos meses se han sucedido decisiones que empujan al alza la factura, como la devolución a las eléctricas del  bono social; el coste de los laudos arbitrales por la retroactividad a la energía solar; la interrumpibilidadel coste de las interconexiones con Francia o la extensión de vida de las centrales de carbón y las nucleares.

Todos son costes que se trasladan automáticamente a los consumidores porque así lo establece la Ley del sector eléctrico, reformada para acabar con el déficit eléctrico y diseñada en buena parte por Alberto Nadal e Ignacio Grangel. 


 


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