El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha promulgado este lunes un decreto para reforzar la lucha contra las "puertas giratorias" entre políticos y empresas. La nueva medida, que entrará en vigor tras publicarse en el Diario de la República, prohíbe a antiguos cargos políticos ejercer funciones en empresas privadas con las que hayan tenido alguna relación durante su cargo.
La nueva ley, aprobada el día 11 de enero con los votos en contra de los liberales y la abstención de la agrupación comunista y el Partido Social Demócrata portugués, principal fuerza de oposición, amplía las directrices establecidas por el gobierno cinco años atrás.
Con la promulgación de la ley de 2019, el estado impedía a aquellos que hubiesen ocupado posiciones de responsabilidad en la política del país desempeñar funciones en empresas privadas que desarrollaron sus actividades en sectores supervisados por estos mismos políticos, y que de alguna manera se hayan visto beneficiados o perjudicados.
Nuevas medidas
Con esta ampliación, Sousa ha ampliado de tres a cinco años el periodo de inhabilitación para todas aquellas personas que no cumplan con la prohibición. Además, la reforma ha traído consigo nuevas sanciones para aquellas empresas que se salten la regulación, como es no poder beneficiarse "de incentivos financieros o de sistemas de incentivos y beneficios fiscales de carácter contractual por un periodo de tres a cinco años".
