El Gobierno pone a prueba la capacidad de Renfe con sus abonos 'gratis total'

A partir del mes de septiembre y con las vacaciones finalizadas, será más barato pagar un abono de transporte público en media distancia o cercanías que hacerlo por un único trayecto. Es una de las decisiones del Gobierno puesta sobre la mesa en el debate del estado de la nación y que pone a prueba la capacidad de Renfe en sus operaciones de servicio público, las más utilizadas por sus pasajeros. El fin de las barreras para este tipo de trayectos provocará un boom de la demanda que desafiará su operativa diaria, habida cuenta que la oferta seguirá siendo la misma que hasta ahora. 

Expertos del sector se muestran escépticos sobre el futuro de esta medida, de la que Renfe, según fuentes consultadas, tampoco tendría mayores detalles. El motivo principal de tanta expectativa es el shock de demanda que se va a producir con la gratuidad total a un tipo de transporte que utilizan mensualmente 38 millones de pasajeros, aproximadamente, según las estadísticas del propio Ministro de Transportes. 

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La nueva situación levanta dudas para saber cómo resiste la oferta de Renfe, que no puede ampliarse principalmente por la incapacidad logística de sumar nuevos trenes en un corto plazo de tiempo ni tampoco más maquinistas. La presión de viajeros, de acuerdo a voces conocedoras de la situación, se podría dar en trayectos de media distancia entre medianas y grandes ciudades, como Madrid - Valladolid, donde la ocupación media acostumbra a ser elevada.

Pese a que no hay precedentes en España, sí existen casos de estudio en Europa para este tipo de medidas gratis total. Uno de ellos se dio en Tallín (Estonia), donde se introdujo en 2017 la tarifa cero para todos sus ciudadanos. El efecto principal fue un boom de la demanda del 30% en los tres meses posteriores a la aplicación de la medida. Otro caso similar se dio en Frýdek-Místek, en Chequia, donde el número de pasajeros creció a doble dígito. La organización del transporte UITP recogía ambos casos y explicaba que estas políticas tienen un coste a asumir sin poner "en peligro la sostenibilidad financiera del transporte público".

El Gobierno ya incluyó en su paquete de medidas contra la guerra de Ucrania la bonificación de los abonos Renfe al 50%

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha seguido la senda que el propio Ejecutivo inició hace meses con motivo de la guerra de Ucrania y su efecto sobre la economía del país. En ese momento se aplicó una primera bonificación al transporte, del 50%, y se fijaba el marco legal para no provocar distorsiones económicas en Renfe. El operador liquidaría estas bonificaciones aplicadas en los títulos en el primer cuatrimestre de 2023, tras emitir al Gobierno un certificado de la reducción de ingresos ocasionado por la aplicación de este descuento. 

Aunque la letra pequeña de esta nueva medida no se podrá comprobar hasta que quede plasmada en el Boletín Oficial del Estado, el último anuncio del presidente del Gobierno deja claro algunos límites. La bonificación no aplica a los trenes de larga distancia convencional (un millón de pasajeros mensuales) ni mucho menos a los de alta velocidad (dos millones), ya sea Renfe o cualquiera de los operadores privados existentes. 

Reproches políticos

Aunque la decisión del Ejecutivo va dirigida a beneficiar a una gran parte de la población, representantes de distintas formaciones políticas no han dudado en criticar esta nueva medida. Uno de ellos fue Jordi Puigneró, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, que en un mensaje afeó al Gobierno su iniciativa y explicó que "lo que esperan los usuarios de Rodalies-Renfe es que funcione, no que sea gratis. Esta medida populista sitúa el transporte público al límite del colapso económico y de servicio", explicó.

En un sentido distinto se pronunció la diputada de Unidas Podemos por Canarias, Maria del Carmen Pita: "Gratuidad durante unos meses los bonos de Renfe y Cercanías ¿y Canarias? ¿Y nuestra demanda histórica de establecer las rutas entre las islas y hacia la península como Obligación de Servicio Público?", explicó la diputada ante la ausencia de medidas paliativas para la región a la que representa. 

El Gobierno, por su parte, defendió en su anuncio oficial que "se trata de una medida que impulsa al máximo el uso de este tipo de transporte público colectivo". Los objetivos, según añadieron, son "garantizar la movilidad obligada cotidiana con un medio de transporte seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible, en una coyuntura extraordinaria de incremento sostenido de los precios de la energía y los combustibles".