La salida de Cristina Ruiz como consejera delegada de Indra supuso un terremoto en la compañía, que se vio obligada a convocar un consejo de urgencia el pasado mes de abril. Pese a que se presentó como una renuncia voluntaria, la directiva percibió 3,6 millones de euros. La mitad de esa cantidad se destinaba a abordar una jugosa cláusula de 'no competencia', que le obligaba a no rivalizar con la empresa semipública durante el primer año. Ahora, apenas cuatro meses después, aterriza en la división española de Banco Santander como líder de transformación digital. Desafía así el cumplimiento de esa condición, pues ambas compañías coinciden en sectores como la digitalización de pymes.
Ruiz ya estaba presente desde mediados de 2021 en el consejo de administración que Santander España tiene constituido desde hace varios años. Ahora se encargará de pilotar la transformación digital y reportará directamente al consejero delegado de la entidad en España, Antonio Simoes. La directiva gestionará de manera directa, según explica en su perfil de la red social LinkedIn, la tecnología y las operaciones, así como los recursos humanos y la organización. Ella conoce bien todas estas tareas, pues era la responsable desde principios de la década pasada de toda la división Minsait de Indra, encargada precisamente de la transformación digital de las empresas, incluida la banca.
La ejecutiva, como sucediera con el antiguo presidente ejecutivo, Fernando Abril-Martorell, consiguió cobrar una compensación relevante pese a que su salida fue pactada y voluntaria. De hecho, hubo un intenso debate interno en el seno del consejo de administración, pues la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) mostró su recelo. El órgano de decisión estaba controlado en ese momento por una mayoría de consejeros independientes, liderados por el coordinador cesado Alberto Terol. El desembolso fue de 3,6 millones de euros. De esa cifra, 1,8 millones corresponde a la indemnización con ocasión de la resolución de su relación contractual "de mutuo acuerdo". Los otros 1,8 millones estaban vinculados con la cláusula de 'no competencia'.
En concreto, según quedaba reflejado en el informe de remuneraciones correspondiente al ejercicio 22021, esa obligación de no fichar por ninguna compañía que compitiera con Indra se debía alargar durante el primer año para tener derecho a cobrar la compensación. Ésta se calculaba en base a lo que se conoce como retribución Target total anualizada (RTTA). En concreto era 0,75 veces esa cifra. No ha esperado esos doce meses y en algo más de cuatro ha aterrizado en el nuevo puesto, algo que ha generado malestar en la división de la que salió en Indra, según explican fuentes conocedoras.
Debido a que las áreas en las que Indra trabaja son tan amplias es difícil que no haya un solapamiento con alguna de las industrias. La digitalización es transversal. En el caso de la banca, ésta lleva a cabo tareas vinculadas a la digitalización de las pymes y los autónomos. En concreto, Santander cuenta con OneDigital que es una suerte 'suite' de herramientas para esa transformación que va desde la digitalización del negocio hasta la mejora de las ventas. Indra cuenta con herramientas similares como MyBusiness.
Ambas compañías además han 'rivalizado' por invertir o comprar compañías 'fintech' para mejorar sus productos y servicios financieros. La entidad financiera presidida por Ana Botín cuenta con su fondo de capital riesgo Mouro Capital, dotado con 400 millones de euros para respaldar startups del sector, y ha comprado la mayoría accionarial de la plataforma de intercambio de divisas Ebury. Indra, por su parte, ha entrado en el capital de startups financieras como el agregador financiero Finect y ha comprado otras como Afterbanks.
Fernando Abril-Martorell cobró 1,1 millones de cláusula de 'no competencia' y aguantó un año sin fichar. Aterrizó en junio como CEO de Urbaser, con la que no hay solapamiento frente a Indra
El caso más reciente anterior a Cristina Ruiz es el de Fernando Abril-Martorell. El expresidente de Indra también percibió una jugosa indemnización pese a que su mandato finalizaba en junio de 2021. Fue cesado tras un 'tira y afloja' con la Sepi. El desembolso, que fue la mitad de lo que exigieron los consejeros independientes durante la negociación, fue de 6,7 millones de euros. En total 1,1 millones correspondían al pacto de no concurrencia. Era, al igual que el de la hoy responsable de transformación digital de Santander, por un año. Él formalizó su salida en mayo. A mediados de junio de este año, justo un ejercicio después, fichó como consejero delegado de Urbaser. Además de haber pasado el tiempo establecido por contrato, el puesto de destino implicaba un escaso solapamiento de sectores.
La salida de Ruiz en la compañía tecnológica semipública abrió la puerta al regreso a una estructura en la que ya no quedaba ni rastro de la tricefalia. Ignacio Mataix se quedó como único CEO con poderes ejecutivos, con Marc Murtra como presidente. Éste último renunció también a su voto de calidad, algo que será confirmado en la próxima junta general de accionistas extraordinaria. Se trataba de un gesto ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el intento de la Sepi, la empresa de defensa Sapa y el fondo Amber Capital de evitar la presentación de una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% de los títulos.
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