Indra abonó un pago millonario a Cristina Ruiz tras su dimisión como consejera delegada de Minsait, la división tecnológica del grupo, el pasado mes de abril. En total desembolsó 3,6 millones de euros por la cláusula de no competencia y por la indemnización ante la resolución del contrato. La directiva presentó la renuncia ante la reorganización directiva y la sacudida. Como sucediera en el caso del presidente ejecutivo, Fernando Abril-Martorell, hubo división en el consejo de administración, pues la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) era reacia a abonar la compensación al directivo.
Tal y como queda reflejado en la memoria semestral presentada ante la CNMV este miércoles, la directiva recibió 1,8 millones de indemnización con ocasión de la resolución de su relación contractual como consejera delegada. Esta ruptura se hizo "de mutuo acuerdo", según comunicó la compañía al mercado. Esta cifra representa más de la mitad de lo que se le abonó a Abril-Martorell por el mismo concepto (3,1 millones) en el segundo trimestre del año.
Este no es el único abono que se ejecutó. Ruiz recibió una compensación de 1,8 millones de euros por el pacto de no concurrencia suscrito con la sociedad. De acuerdo al informe anual de remuneraciones, la directiva firmó, al igual que Ignacio Mataix también como CEO, un acuerdo de no competencia post-contractual por un periodo de un año a partir de la finalización de su relación. La compensación estaba pactada: una cuantía equivalente a 0,75 veces su RTTA (retribución total target anualizada).
Como colofón final, Indra también desembolsó 16.000 euros en concepto de vacaciones devengadas y no disfrutadas incluidas en su liquidación. Este incremento de indemnizaciones ha sido señalado por el propio responsable de Minsait y sucesor de Ruiz, Luis Abril, durante la presentación de resultados ante analistas este miércoles. Lo ha hecho para justificar el incremento de costes de la división tecnológica, incorporando también otros factores como la inflación salarial de los perfiles tecnológicos en la guerra por el talento o las mayores amortizaciones.
La aprobación de este pago de algo más de 3,6 millones de euros a Ruiz por su marcha voluntaria no estuvo exenta de cierto debate interno en el consejo de administración. Tal y como aseguran fuentes conocedoras, la Sepi, a través de los dos consejeros con los que cuenta, trasladó su malestar y su rechazo a la medida. La mayoría de consejeros independientes, liderados por Alberto Terol en aquellas fechas, respaldaron la medida.
La CNMV ha planteado cuatro requerimientos de información a Indra sobre el caso del cese de los consejeros independientes
La situación fue muy similar a la vivida con ocasión de la salida de Abril-Martorell de la presidencia en mayo de 2021. El mandato del directivo vencía y había que renovarlo. La Sepi mostró su intención de promover un relevo. Finalmente, tras un 'tira y afloja' entre ambas partes, el ejecutivo fue cesado. La compensación que le correspondía era de hasta 6,7 millones de euros. Sin embargo, los consejeros independientes propusieron a la comisión de nombramientos y retribuciones aumentar el desembolso hasta los 11,51 millones de euros, basándose en un informe encargado a una consultora. Finalmente este incremento fue frenado por la sociedad pública.
Cristina Ruiz fue nombrada consejera delegada solidaria junto a Ignacio Mataix, después de la abrupta salida de Abril-Martorell. Esto creó una 'tricefalia' inédita en el Ibex 35, con dos CEOs y un presidente no ejecutivo, Marc Murtra. La salida de la responsable del área tecnológica disolvió esa estructura. Después de la sacudida en el gobierno corporativo con el cese (o no renovación) de cuatro consejeros independientes y la dimisión de otros dos en el marco de la junta general de accionistas del pasado mes de junio.
Mejora de objetivos
Ante una potencial acción concertada de la Sepi, el fondo de inversión Amber Capital y el fabricante vasco Sapa para dar este 'vuelco' en el consejo en la junta, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha ejecutado cuatro requerimientos de información con fechas 24 y 28 de junio y 5 y 22 de julio. Los tres primeros han sido respondidos en los plazos señalados. Respecto al último, según refleja el informe semestral, está pendiente de respuesta, aunque aún está en plazo.
En el plano económico, la compañía ha vuelto a incrementar los objetivos económicos para lo que queda de ejercicio, pese a esta sacudida en la gobernanza. Ha pasado de 3.550 a más de 3.600 millones la previsión de ingresos; de 270 a 280 millones de resultado bruto de explotación (Ebit), y de 170 a 175 millones de euros de flujo de caja generado por las actividades de la compañía. Esto ha sido posible gracias a la "positiva evolución" de las operaciones durante la primera mitad del año.
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