El Gobierno prepara cambios en la financiación de las infraestructuras. El Ministerio de Transportes tiene en el punto de mira los soterramientos ferroviarios y piensa en cómo frenar los proyectos que distintos ayuntamientos han promovido en los últimos años con fines urbanísticos. Tras tomar nota de los distintos toques de atención por parte de expertos y organismos como el Tribunal de Cuentas, la idea que tiene el departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez es frenar aquellos proyectos que no sean estrictamente necesarios, dejando que el grueso de la financiación en este caso corra a cargo de las entidades locales y no de la administración central. Todos los detalles se conocerán en la nueva Ley de Movilidad Sostenible, prevista en el corto plazo pese a acumular semanas de retraso.
Según las fuentes consultadas por La Información, el Gobierno modificará las reglas de financiación para el soterramiento de las vías de tren cuando los ayuntamientos lo reivindiquen. Solo aportará, como máximo, el 50% de los fondos necesarios para estos proyectos, aunque el listado de condiciones provocará que en la práctica el esfuerzo de Transportes sea del 30%, remarcan las mismas voces. Los cambios no serán óbice para que Adif financie el 100% de algunos proyectos, pero únicamente cuando el gestor de las infraestructuras lo considere estrictamente necesario. El principal objetivo es frenar aquellos proyectos que respondan más a un interés urbanístico del consistorio por la infraestructura que a la necesidad real de soterrar las vías.
La decisión promete un gran enfrentamiento entre los ayuntamientos y distintas administraciones regionales contra el Gobierno central, sobre todo desde aquellas que no compartan color político. Consistorios como el de Vitoria-Gasteiz, el de Navalmoral de la Mata (Extremadura) o el de Valladolid tienen actualmente sobre la mesa los soterramientos ferroviarios de sus líneas de alta velocidad y están a la espera de que el gestor de las infraestructuras ferroviarias se pronuncie al respecto. Respecto al primer caso, el PNV logró el compromiso de Sánchez para que la administración regional liderase esta obra con un coste que será descontado del cupo vasco (la aportación anual que País Vasco realiza a Hacienda).
Pero no son los únicos consistorios a la espera de Transportes. Esta misma semana el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, del Partido Popular, ha asegurado que va a "exprimir hasta la última gota de energía" para conseguir un acuerdo económico con Adif para encontrar la forma de financiar la segunda fase de su soterramiento de las vías de tren. Y Vox ha anunciado que presentará próximamente una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para impulsar el soterramiento de las vías de tren en el municipio leonés de San Andrés del Rabanedo.
El Tribunal de Cuentas ha llegado a calificar algunos soterramientos ferroviarios como innecesarios y poco útiles
No cabe duda que los soterramientos ferroviarios han sido muy polémicos en los últimos años. Además de los expertos del sector, el propio Tribunal de Cuentas se ha pronunciado en contra de esta medida. El organismo fiscalizador del Ejecutivo ha llegado a dudar de su idoneidad en sus investigaciones y ha señalado que es necesario buscar alternativas a una obra tan costosa y poco útil. La actuación que conlleva un soterramiento "no es imprescindible para garantizar un buen servicio, ni la funcionalidad de la red ferroviaria", publicó en un informe de 2019.
Pero los soterramientos también han conseguido adeptos. En algunas de las ciudades mencionadas han aparecido plataformas vecinales favorables a esta infraestructura. Los ciudadanos no han dudado en movilizarse a través de recogida de firmas e incluso saliendo a la calle a manifestarse. En el recuerdo están las protestas en Murcia en 2017 que llegaron incluso a desembocar en noches de disturbios y cargas policiales. Los defensores del soterramiento argumentaban desde hace años que la llegada en superficie del tren de alta velocidad iba a dividir en dos la ciudad y a aislar a los barrios del sur.
Todos los detalles del plan del Gobierno se conocerán en la próxima Ley de Movilidad Sostenible. La nueva normativa deberá ver la luz en las próximas semanas, según las previsiones que ahora mismo tiene el ministerio, que incumplió hace unos días la fecha que se había marcado en rojo en el calendario (1 de febrero). El contenido levanta mucha expectación, sobre todo por lo que se refiere a la fijación de peajes en las carreteras españolas de alta capacidad. No obstante, todo apunta a que la referencia que aparezca en la ley no entrará en mayores detalles y se limitará a reiterar la voluntad política de encontrar un consenso entre los colectivos afectados, sin olvidar que el compromiso con Bruselas es ineludible.
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