Nairobi, 5 nov.- Unas 20.000 víctimas de la violencia postelectoral keniana de 2007-2008 pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU que rechace en su reunión de hoy las solicitudes de Kenia y la Unión Africana (UA) de aplazamiento del juicio en la Corte Penal Internacional al presidente y el vicepresidente kenianos.
El diario local Daily Nation informó de que "a través de su representante legal, Fergal Gaynor, las 20.000 víctimas han sentado once bases de por qué la petición de aplazamiento debería ser rechazada".
Según las víctimas, posponer el proceso abierto en la CPI contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y el vicepresidente, William Ruto, ambos acusados de crímenes de lesa humanidad, "minaría el propósito central de la ONU de actuar para prevenir la amenaza a la paz mundial".
"Proteger a los poderosos y retrasar o denegar la justicia a los débiles no debería ser el rol del Consejo de Seguridad", indicó la carta de las víctimas dirigida al presidente de ese organismo de la ONU, Liu Jieyi.
"Un retraso de 5 ó 10 años más significa que muchas más víctimas, incluidas víctimas que contrajeron el VIH de sus violadores, morirán antes de ver que se hace justicia", apuntó Gaynor en su misiva.
Las víctimas de la violencia postelectoral keniana temen que el aplazamiento del juicio a Kenyatta y Ruto actúe como presión para que más testigos retiren sus testimonios contra los líderes kenianos, y el caso quede sin pruebas.
Las peticiones de retraso del juicio se basan en el papel de Kenia para combatir el terrorismo en la región y en la puesta en riesgo de las reformas constitucionales acometidas desde la violencia postelectoral, aunque Gaynor advirtió de que Kenyatta y Ruto eran conscientes de estas circunstancias antes de ser elegidos.
Aunque el proceso contra Kenyatta y Ruto empezó hace casi tres años, la situación no se caldeó hasta que fueron elegidos para el cargo el pasado mes de marzo.
Según varios gobernantes africanos, la CPI practica "colonialismo judicial", a pesar de que, en casos como la República Democrática del Congo o Uganda, han sido sus propios gobernantes -ahora opuestos a la CPI- quienes solicitaron la intervención del tribunal.
Además, en casos como la región sudanesa de Darfur o Libia, la CPI actuó a instancias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Tanto Uhuru Kenyatta -hijo del primer presidente de Kenia, Jomo Kenyatta- como Ruto están imputados por la CPI por crímenes contra la humanidad por su presunta participación durante la violencia postelectoral de finales de 2007 y principios de 2008, que ocasionó unos 1.300 muertos y cientos de miles de personas resultaron afectadas.
Desde el inicio de las investigaciones de la CPI de los casos kenianos, varios testigos han desaparecido en circunstancias misteriosas, otros tantos han optado por zanjar su participación en los juicios, y algunos han admitido haber recibido amenazas.
Kenyatta y Ruto fueron elegidos en los comicios del pasado marzo, que se desarrollaron en general de forma pacífica, frente a las elecciones de diciembre de 2007, que desembocaron en una ola de violencia político-tribalista, después del supuesto amaño electoral del ya expresidente Mwai Kibaki.
El caos cesó con la firma de un acuerdo, en febrero de 2008, para formar un Gobierno de unidad en el que Kibaki (de la mayoritaria tribu kikuyu) mantuvo la Presidencia, y Raila Odinga, de la numerosa comunidad lúo, fue designado primer ministro, un cargo creado "ad hoc".
La crisis condujo a una división en el país que todavía está por cerrarse, y por eso Kenyatta -tercer presidente kikuyu que accede al poder de los cuatro que ha tenido Kenia- abogó durante su investidura por trabajar como líder de "todos los kenianos" y buscar "una paz que promueva la unidad" de Kenia.
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