La energía nuclear vuelve a estar en el centro del debate. Con la propuesta de la UE respecto a las inversiones que podrían ser consideradas como sostenibles por el bloque en los próximos años, la Comisión Europea ha decidido incluir a la nuclear y al gas entre aquellas que van a ser claves en la transición ecológica de las siguientes décadas. Aunque solo se trata de un borrador, su mera publicación ha provocado un importante debate en el seno de los países europeos.
De un lado Francia, el mayor productor de energía nuclear del continente, con 58 reactores y con planes para reactivar la construcción de hasta seis instalaciones. Capaz de generar con esta fuente energética el 70% del consumo eléctrico nacional, el país que preside Emmanuel Macron es uno de los más beneficiados si finalmente esta decisión de la UE sale adelante. En el otro extremo, países como Alemania o España, que buscan acabar con sus instalaciones en los próximos años.
En el caso de nuestro país, la respuesta de Teresa Ribera a la posibilidad de tratar a la nuclear como energía verde fue rechazada de forma taxativa por la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. “No tiene sentido y manda señales erróneas para la transición energética del conjunto de la UE”, explicaba Ribera.
Y es que, España dispone actualmente de cinco centrales nucleares con siete reactores activos, responsables del 23% de la energía que demanda nuestro país. De ella dependen 8.500 empleos directos, según las cifras que maneja la Sociedad Nuclear Española (SNE), aunque los números crecen hasta los 27.000 si contamos con los puestos de trabajo indirectos y el empleo inducido.
“Los empleos en el sector se caracterizan por ser de calidad y estables, ya que gran parte de los empleados que trabajan de manera directa en el sector poseen titulación universitaria y un porcentaje muy importante se encuentran trabajando con contrato indefinido”, apunta un informe elaborado sobre el sector por PwC.
En concreto, cuatro de cada cinco contratos en el sector de la energía nuclear son indefinidos, mientras que la cualificación de estos es otro de los pilares en los que se ha asentado el tipo de trabajos solicitados por la industria, con un porcentaje de titulación universitaria que alcanza el 49,5%, por encima de la media española.
Sin embargo, estos 27.000 empleos que dependen de la nuclear se van a ver seriamente mermados, salvo giro de guión de última hora, a partir del año 2027, cuando comiencen el definitivo adiós acordado entre el Estado y las empresas explotadoras de estas instalaciones a partir del próximo 2027. De acuerdo con el guión marcado, España verá reducida en 2030 su potencia de generación eléctrica hasta los 4.000 MW de los algo más de 7.000 actuales, para acabar con toda su producción en 2035, con el cierre del último reactor, el de la central de Trillo en Guadalajara.
Porque este es otro de los aspectos a tener en cuenta, varias de las vetustas centrales nucleares que perviven en España desde los años 80 están emplazadas en zonas rurales, habiendo sido un eje importante de las comarcas para la dinamización del empleo. Es el caso de las centrales de Almaraz (Extremadura) o la de Trillo, localidades en las que se ha defendido la extensión de la vida útil de sus reactores, en un intento de, cuanto menos, extender la fecha de caducidad de una fuente de empleo con los días contados.
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