Sábado, 21.10.2017 - 05:35 h

ADICAE se querella contra Ron y Saracho y pide que testifiquen Guindos y Botín

La asociación ve delitos de estafa, falsedad, administración desleal, contra el mercado, información privilegiada y maquinación para alterar precios en la quiebra del Popular

El escrito recuerda también cómo la CNMV sancionó en 2016 a la entidad por comercializar entre sus clientes de productos financieros de carácter tóxico y complejo entre 2009 y 2011. 

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ADICAE se querella contra Ron y Saracho y pide testifical de Guindos y Botín

La Asociación de Impositores y Usuarios de Bancos y Cajas de Ahorros (ADICAE) ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra los expresidentes del Banco Popular Emilio Saracho y Ángel Ron así como otros 15 miembros de sus respectivos consejos de administración. El escrito, que se interpone por seis delitos, reclama además que se cite como testigo al ministro de Economía Luis de Guindos y a Ana Patricia Botín, la presidenta del Santander, el banco que adquirió el Popular por un euro tras su intervención por el Banco Central Europeo el pasado 7 de junio.

ADICAE considera que en la gestión de ese banco que fue desde su ampliación de capital de 2016 hasta su quiebra hace solo tres meses, se pudieron cometer los delitos de estafa a inversores, falsedad de cuentas, administración desleal, contra el mercado de valores, información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La querella relata cómo la situación del Popular en el primer trimestre de 2016 preveía, según sus cuentas, un beneficio para ese año de 94 millones de euros (2,5%) más que el año anterior. Fue con esa radiografía de la entidad con la que se aprobó la ampliación de capital de abril del año pasado, valorada en 2.500 millones de euros.

La asociación de consumidores considera que, a posteriori, se ha podido demostrar que esa imagen de la entidad era falsa y supuso un engaño para el pequeño inversor que acudió en masa a esa ampliación “acompañado por una estrategia comercial agresiva por parte de la entidad”, que, según ADICAE, “llegó al extremo de financiar con fondos propios la ampliación de capital distorsionando de esta forma la realidad de la misma”.

El escrito recuerda también cómo la CNMV sancionó en agosto de 2016 a la entidad por comercializar entre sus clientes de productos financieros de carácter tóxico y complejo entre 2009 y 2011. Se trataba, según la asociación, de bonos subordinados necesariamente convertibles, y su puesta en circulación, dice ADICAE supuso “auténticas estafas” que provocaron “cuantiosas pérdidas”.

Respecto a la ampliación de capital, la organización denuncia que el folleto de emisión “no se correspondía con la realidad económica” del banco. En el momento de realizarla, “los administradores conocían que no iban a cumplir con las promesas realizadas a los accionistas”. “Los elementos negativos contables existían mucho antes de la realización y aprobación de la ampliación y era posible conocer por los órganos de administración del banco la dificultad de llevar a buen puerto el programa de acción y los objetivos marcados”.

Como otras querellas, la de ADICAE se refiere también al hecho relevante presentado ante la CNMV en abril de 2017 sobre incorrecciones en las cuentas en lo relativo a las provisiones. Para la asociación de consumidores, esa información, supone “una reformulación de las cuentas de la entidad añadiendo datos y pérdidas esenciales y significativas que determinan que las [cuentas] presentadas en diciembre de 2016 no reflejaban la imagen fiel de la entidad”.

La querella se presenta como acusación popular, pero la asociación tiene intención de presentar otra en nombre de 1.500 inversores dentro de unas semanas. La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado jueves un escrito en el que proponía al instructor del caso, el juez Fernando Andreu, que admitiera a trámite la mayoría de las denuncias presentadas hasta el momento. El juez decidirá previsiblemente sobre ello en los próximos días.

ADICAE es la segunda organización de consumidores que intenta personarse en la causa. Antes del verano, también lo hizo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que presentó la primera querella criminal en los tribunales.

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