Por otro lado, la AIReF mantiene la valoración indicada en la evaluación del Plan Económico Financiero, ya que el incremento de la liquidación definitiva del sistema de financiación correspondiente a 2014 queda compensado por la evolución de los gastos a abril.
Por otra parte, la autoridad independiente estima que existe "un riesgo claro de incumplimiento" de la regla de gasto en 2016 en Andalucía, debido a la evolución del gasto prevista por la comunidad en su escenario, confirmado con los datos hasta la fecha.
Señala la AIReF que el riesgo ya apreciado en el análisis de presupuesto inicial se agrava con la revisión al alza por la región de los gastos autonómicos que se refleja en la ejecución de los mismos hasta la fecha. El gasto computable estimado para 2016 crece un 6 por cientorespecto al nivel de cumplimiento de 2015.
En conjunto, la AIReF ha ahondado en su pesimismo sobre la posibilidad de que España cumpla los objetivos de déficit y ha avisado de que este saldo solo se reducirá del 5 por ciento del PIB en 2015 a entre el 4,1 y el 4,7 por ciento este año, y ello siempre dependiendo de cómo se instrumenten las medidas incluidas en las alegaciones presentadas a Bruselas y los acuerdos de no disponibilidad de gasto.
En su anterior estimación de abril, AIReF situaba el escenario central del déficit ligeramente por debajo del 4 por ciento y ahora avisa además de que dependiendo del grado de aplicación de las medidas comprometidas el déficit podría situarse en el 4,7 por ciento del PIB este año.
Así se recoge en el 'Informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2016 de las AA.PP.', que se ha realizado en una doble situación particular. Por un lado, la senda de consolidación para 2016 y 2017 aún no se ha acordado con Bruselas y, al mismo tiempo, el Gobierno en funciones ha adoptado medidas de ajuste como la relativa a este pago fraccionado en el Impuesto de Sociedades.
Dicho esto, el organismo cree que la previsión del déficit del Gobierno del 3,6 por ciento del PIB para este año, recogido en el Programa de Estabilidad 2016-2019, tendrá una vida muy corta a la espera de lo que se pacte con Bruselas. Si bien, a la vista de las llamadas realizadas por la Comisión Europea en los últimos meses, también parece que el déficit final superará las expectativas de la UE.
Cuando AIReF valoró el Programa de Estabilidad el pasado mes de abril, ya consideró que el objetivo del Gobierno era factible pero exigente, y el escenario se ha deteriorado. La peor parte se la llevan el Estado y la Seguridad Social.
Así, en el escenario central de un déficit del 4,1 por ciento del PIB el Estado acabaría 2016 con un saldo negativo del 2,1 por ciento, las comunidades autónomas con un 0,8 por ciento, la Seguridad Social con un 1,7 por ciento y los ayuntamientos con un superávit del 0,4 por ciento. En el caso de que se alcanzara un déficit del 4,7 por ciento del PIB, las seis décimas adicionales recaerían en el Estado.
La AIReF ha expuesto que que la información recibida de las comunidades autónomas evidencia que no se están implementando los acuerdos de no disponibilidad. Sólo Extremadura lo habría hecho por importe de 44 millones de euros y Aragón habría alcanzado un compromiso de aplicarlo por importe de algo más de 3.000 millones de euros.
Por otro lado, AIReF critica que el Ministerio de Hacienda ha aprobado los planes de ajuste de las comunidades autónomas por adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 2016 sin exigir su instrumentación.
Asimismo, AIReF cree que el superávit de los ayuntamientos será en 2016 inferior al de años anteriores, debido a la finalización del periodo de aplicación de tipos incrementados en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la relajación en la interpretación de la regla de gasto y la aplicación "poco rigurosa" de las medidas correctivas.
CRITICAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
En este contexto, AIReF insta a una aplicación rigurosa de las medidas de ajuste del déficit. Así, critica, por ejemplo, que el Estado se comprometió a aplicar un acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones de euros, de los que se habrían instrumentado más de 1.600 millones de euros, sin que se conozcan las partidas, mientras que más de 300 millones de euros quedarían por reprogramar.
Otras de las demandas del organismo es la articulación de un control de la ejecución de este tipo de medidas en el Estado a través de un seguimiento mensual realizado por el Ministerio de Hacienda. "El seguimiento debe extenderse a la evolución de los ingresos tributarios con una actualización del impacto de la reciente reforma fiscal", indica el informe, para añadir que esta evolución debe realizarse con la mayor transparencia posible y remitiendo los informes elaborados a las Cortes Generales y a la AIReF.
Por último, la AIReF pide que Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha revisen en profundidad los PEF presentados recogiendo una senda factible de consolidación fijada conjuntamente con Hacienda.
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