(AMPLIACIÓN) EL JUEZ PEDRAZ ADMITE QUE PODEMOS Y DIEGO TORRES SE PERSONEN COMO ACUSACIÓN POPULAR EN LA CAUSA DE AUSBANC Y MANOS LIMPIAS

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado un auto en el que admite la personación como acusación popular del partido político Podemos, la Asociación Pro Justicia Siglo XXI, la Asociación Instituto Noos de Investigación Aplicada y Diego Torres Pérez, entre otros, en la causa por la que fueron a prisión el pasado día 18 de abril el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.
El magistrado explica que al existir una "convergencia de intereses" entre las personas físicas y jurídicas que pretenden personarse y ante el interés superior a un proceso sin dilaciones todas las acusaciones deberán actuar bajo una misma representación letrada.
Sobre quién debe ostentar dicha representación, el juez explica que ante la falta de una norma que lo regule y como criterio objetivo debe recaer en el primero que ejercitó su pretensión, en este caso, el partido político Podemos.
El magistrado levantó ayer el secreto del sumario de esta investigación. En virtud de esa decisión, las partes, incluida la acusación popular aceptada este jueves, tendrán acceso a la documentación de la investigación que podrán consultar en el juzgado.
EMBARGOS
El juez Pedraz decretó el pasado mes de abril el bloqueo de 50 fincas y empresas propiedad de Bernad y Pineda. El bloqueo evitará que los principales imputados del caso dispongan de los bienes procedentes del delito y servirá para cubrir las responsabilidades pecuniarias a las que puedan ser condenados. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ya procedió a bloquear las cuentas de ambas sociedades y las abiertas a nombre de sus máximos responsables.
En su auto Pedraz prohibía enajenar todas las propiedades a su nombre, tanto fincas rústicas como privadas, en localidades como Madrid, Villamayor de Campos (Zamora) y Estepona (Málaga), ambas propiedad de Ausprom, que se nutre principalmente de ingresos procedentes directa o indirectamente de Ausbanc. Las usan y disfrutan de manera privada Luis Pineda y su esposa.
La mayoría de las fincas son propiedad de Pineda o de las sociedades relacionadas con Ausbanc, en las que supuestamente él invertía el dinero que obtenía de sus prácticas de extorsión a bancos a cambio de hacerles publicidad en las distintas publicaciones del grupo o, incluso, de retirar acusaciones judiciales, punto en el que la investigación se abrió también a Manos Limpias.
PRISIÓN
En el auto del pasado 18 de abril que envió a prisión Bernad y Pineda, el juez cuantificó las transferencias realizadas entre las 18 empresas del grupo Ausbanc en 7,1 millones de euros. Parte de ese dinero se destinó a la adquisición de propiedades a través de Ausprom y Estructuras y Servicios Inmobiliarios -en la que Pineda es el único que tiene la condición de "titular real"- y al pago de alquileres.
Pineda y Bernad están en prisión imputados por varios delitos por supuestamente haber chantajeado a bancos a cambio de no hacer publicidad negativa de ellos y de retirar acusaciones, una de ellas presuntamente la de la infanta Cristina en el caso Nóos, para lo que habrían pedido 3 millones de euros.
Los investigados (por ahora 14 personas), según el juez, formaban parte de una organización criminal dirigida por Pineda, quien usaba la "cobertura" de presidir una asociación en defensa de los consumidores frente a los bancos cuando en realidad coaccionaba a las entidades a cambio de dinero. Los bancos que aceptaban el chantaje supuestamente pagaban a cambio grandes sumas enmascaradas en convenios publicitarios.
Por ahora hay indicios de cuatro chantajes para retirar acusaciones de Manos Limpias, una de ellas la de la infanta en el caso Nóos, que se habría intentado articular a través de la Caixa y el Banco Sabadell, y otra la del presidente de Unicaja, Braulio Medel, en el caso de los ERE, que sí habría fructificado. En las conversaciones telefónicas intervenidas se constataría que Pineda pactó con la entidad el pago de un millón de euros en forma de contratos publicitarios a cambio de la retirada de la acusación.