(AMPLIACIÓN) EL JUEZ MORENO IMPUTA A VOLKSWAGEN DELITOS DE FRAUDE POR INSTALAR MOTORES TRUCADOS

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado un auto en el que imputa a la automovilística Volkswagen AG, en calidad de investigado (imputado), por su presunta participación en un delito de defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas, así como por delitos de fraude en las subvenciones y delito contra el medio ambiente.
La compañía alemana, que será investigada en la Audiencia Nacional, instaló más de 680.000 motores trucados que registraban emisiones de gases muy por debajo de las que la compañía declaraba y que permitían acceder a ayudas públicas por la compra de esos vehículos.
El magistrado considera que "procede atribuir a Volkswagen A.G. (sociedad matriz de la multinacional con sede en Wolfsburg) la condición de investigado" en las diligencias previas que se están instruyendo.
El juez ordena la comunicación a la cúpula del grupo de la existencia del procedimiento penal y el requerimiento para que designe representantes legales en la causa. Para ello, la Audiencia Nacional expedirá una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Alemania.
Una vez notificado el auto, el juzgado ya ha cursado la comisión rogatoria a Alemania, teniendo en cuenta que es en ese país donde se ubica la empresa Volkswagen AG, que tendrá que designar a una persona para que la represente, así como abogado y procurador.
El juez explica en su auto que esta causa se inició tras la presentación de querellas por el sindicato Manos Limpias y por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen. La investigación judicial se centra en la presunta manipulación de determinados motores diesel de cuatro cilindros.
El trucaje se pudo realizar con la instalación de un programa informático que detecta cuándo un vehículo se encuentra en un banco de pruebas, al objeto de reducir sus emisiones contaminantes dentro de los parámetros exigidos por la normativa medioambiental.
Según el relato del juez, el fabricante, para lograr fabricar un motor que consumiera poco, mantuviera gran potencia y al mismo tiempo no desprendiera gases por encima de los límites legales, introdujo un software capaz de detectar cuándo un vehículo estaba siendo testado, de manera que en ese momento de sometimiento a control tuviera un funcionamiento menos eficiente y, por consiguiente, menos contaminante.
Una vez analizados los hechos y haciendo constar que el Grupo Volkswagen ha reconocido públicamente esos hechos y la adopción de medidas para solucionar el problema, el juez considera que procede investigar estas conductas porque pueden constituir los delitos mencionados y que la empresa Volkswagen AG "debe ostentar la condición de investigado al objeto de poder tener conocimiento de las actuaciones y se le garantice, entre otros, el derecho de ser asistido por letrado y, en definitiva, el derecho de defensa en su más amplio sentido".
FISCAL
El auto del juez recoge el informe del fiscal en el que solicitaba esta medida ahora acordada. El Ministerio Público se basaba en lo esgrimido por el representante de Volkswagen-Audi España, quien aseguró que los motores afectados los fabrica Volkswagen AG en Alemania.
El Ministerio Público también se apoyó en la documentación aportada por el Ministerio de Industria sobre las sociedades de Seat afectadas por estos hechos. Según el fiscal, debe ser la empresa radicada en Alemania la que responda por su posible responsabilidad penal como persona jurídica porque "existen elementos que permiten indicar que Volkswagen AG y Seat, S.A. no actúan en el mercado cual compartimientos estancos, sino que aquella mantiene de hecho la dirección de sus actuaciones, cual correa de transmisión directa sobre ésta".