El fiscal que quiso impedir el registro a la casa de González ahora pide prisión

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que ordenó a los fiscales que investigan el caso del Canal de Isabel II no registrar la casa de Ignacio González, ahora pide, sin embargo, prisión para el ex presidente de la Comunidad de Madrid. 

Moix fue nombrado en el mes de marzo. En una entrevista concedida a la Cadena SER, el fiscal jefe Anticorrupción ha reconocido los hechos y ha asegurado que su orden contaba con el respaldo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a quien le pareció “muy bien”.

En concreto, Moix trataba de frenar el registro del domicilio del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que fue detenido ayer. Los fiscales que investigan el caso invocaron el artículo 27 que del estatuto de la Fiscalía, lo que obligó a Moix a convocar la Junta de Fiscales Anticorrupción. La mayoría se opuso a la decisión de su jefe jerárquico y aunque las decisiones de este órgano no son vinculantes, Moix acabó asumiendo el resultado de la mayoría.

A este suceso se une el hecho de que el nombre del fiscal jefe aparece en el sumario de la operación contra Ignacio González, en concreto en una conversación telefónica grabada por la Guardia Civil el verano pasado, entre el propio Ignacio González y Eduardo Zaplana, expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro siendo presidente José María Aznar. En esa conversación Zaplana le habría dicho a González que estuviera tranquilo y éste se mostró esperanzado en que el nombramiento de Moix mejorara su situación procesal.Prisión eludible con fianza

El Ministerio Fiscal también ha solicitado este jueves prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros para Adrián Martín, exgerente del Canal de Isabel II, tras declarar ante el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga presuntas irregularidades en la empresa pública madrileña de gestión de agua.

Según fuentes de la defensa, el fiscal Anticorrupción Carlos Yáñez ha pedido además que se le impongan comparecencias quincenales y retirada del pasaporte para Martín, que ha sido el primero de los siete detenido que permanecen en las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos en prestar declaración ante el magistrado instructor.

Tras Martín, Velasco interrogó a la exdirectora financiera de la misma entidad María Fernanda Richmond, también detenida en el marco de la investigación que arrancó en 2015 y que se desarrolla bajo secreto de sumario.