En un comunicado este viernes, el Consell de l'Advocacia Catalana ha recordado que ya había advertido de que la cuantía de las tasas era desproporcionada y suponía un ataque a la tutela judicial efectiva.
El CAC ha defendido siempre la derogación de la Ley 10/2121 de 20 de noviembre de tasas judicial, que fue promovida por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por ser "un ataque sin precedentes al derecho a la tutela judicial efectiva", reconocida en el artículo 24 de la Constitución.
Sin embargo, la Abogacía Catalana lamenta que la sentencia llegue tarde y que no obligue al Estado a devolver el importe a los que han pagado estas tasas desde que entró en vigor la Ley, pues han causado daños "irreparables".
También el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya han celebrado que se hayan eliminado una parte de las tasas judiciales y considera que esto facilitará el acceso a la administración de justicia a las pequeñas y medianas empresas.
Sostienen que esta medida debería de ir acompañada de una rebaja de los importes actuales de las tasas judiciales que aún están en vigor para hacer la justicia más accesible a los grandes actores económicos, han defendido también en un comunicado.
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