En un comunicado, han criticado lo que ven como una "ofensiva del Gobierno español" por judicializar cuestiones políticas, como la consulta celebrada en noviembre de 2014 en Catalunya.
Para los ediles, el juicio supone "un episodio extremadamente grave en términos políticos y democráticos", y aseguran que no existen precedentes en la Europa del siglo XXI.
Muestran su apoyo a los cargos políticos de la Generalitat y de los ayuntamientos que están siendo investigados por "promover el ejercicio del derecho a decidir y defender todas las acciones acordadas" en los plenos correspondientes.
Asimismo, reivindican la autonomía local y que las instituciones que actúan de acuerdo con la voluntad democráticamente expresada tengan "libertad para debatir y proponer todo lo que sea conveniente, en un contexto pacífico y de libertad".
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