Durante su intervención en las Jornadas Comarcales de Industria y Desarrollo Sostenible organizadas por UGT, recogida por Europa Press, la delegada ha detallado que en estos momentos se está en una fase de asistencia técnica para determinar cuál es el modelo de gobernanza que tiene que llevarse a cabo en ese Centro de Innovación, o qué tipo de centro debe construirse atendiendo a las necesidades y a las empresas externas, "tan necesitadas de incorporar su innovación en contacto con recursos".
Por otra parte, la Junta ha contado con la AGI para trasladarle sus necesidades de formación, subrayando que es "vital que sepamos qué personal necesitan para que desde la Junta cualifiquemos". Así, en la última convocatoria de Formación Profesional para el Empleo, que se publicó el 2 de septiembre y que está en trámites de resolución, "se ajustó lo máximo posible esas necesidades al catálogo de especialidades y a los centros homologados".
Asimismo, Pérez ha avanzado que se está pendiente de pasar por la comisión provincial de la ITI "un convenio con cada sector estratégico de prácticas profesionales universitarias y no universitarias".
47.400 EMPLEOS INDUSTRIALES
Por otra parte, durante su intervención, la delegada ha destacado que la provincia gaditana cuenta con 47.400 empleos generados por el sector industrial, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Esta cifra representa casi el 12 por ciento sobre el total de personas ocupadas en Cádiz. Su tejido productivo está formado por de 3.100 empresas.
Pérez ha resaltado que el Gobierno andaluz se ha propuesto "convertir a la industria en el motor del nuevo modelo productivo de la comunidad, capaz de generar empleo estable y de calidad y capaz de hacer de Andalucía una región atractiva para la inversión".
Por ello, la Junta viene trabajando para mejorar la posición del sector industrial andaluz, incorporando antes de que acabe el año tres nuevos instrumentos de ayuda: una línea de incentivos al desarrollo industrial dotada con más de 135 millones de euros; una Orden de subvenciones dotada con unos 449 millones y dirigida a promover la I+D+i, fomentando las sinergias con los agentes públicos para estimular una producción tecnológicamente más avanzada; y, en tercer lugar, una línea de apoyo a las empresas TIC.
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