Asociaciones de prensa defienden el derecho a la información ante las críticas a medios tras la muerte

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han defendido este viernes 25 de noviembre el derecho a la información de los ciudadanos ante las criticas vertidas contra los medios de comunicación, tras la muerte de senadora 'popular' y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

"Nos culpan a los periodistas de poner el foco justo donde tenemos que ponerlo: en políticos que gestionan lo de todos como si fuera suyo", ha afirmado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso,

En relación con la cobertura de procedimientos judiciales y a la posible repercusión en la imagen pública de personas procesadas, la PDLI ha apuntado: "Se trata de un tema que jurídicamente ya está resuelto. La Constitución consagra el derecho fundamental a la libertad de información y los jueces, cuando han tenido que ponderar el posible conflicto con otros derechos individuales, como el derecho al honor, se han venido pronunciando reiteradamente a favor de la primera cuando se trata de figuras de relevancia pública y asuntos de interés general".

"Informar de procedimientos judiciales no es pena de telediario", han defendido desde la plataforma, al tiempo que han agregado que "es periodismo y cumplir con un deber esencial en democracia".

Por su parte, la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha aprobado este viernes un comunicado, en el que defiende "ante todo el derecho a la información de los ciudadanos y el derecho a la libertad de expresión, pilares ambos de nuestra democracia".

Asimismo, la APM recuerda que "es responsabilidad de cada uno administrar tal libertad con respeto a los derechos de los demás, entre ellos el de la intimidad y el de la presunción de inocencia, lo cual no puede excluir la crítica a los personajes públicos", así como que "si una información es veraz, es de interés general y está debidamente contrastada, en ningún caso se debe ocultar a los ciudadanos, máxime cuando se trate de asuntos que afectan a personajes públicos".

"Al mismo tiempo, los periodistas debemos compatibilizar nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión e información con nuestras responsabilidades profesionales, como, por ejemplo, en los casos que afectan a la intimidad de las personas, y con un escrupuloso respeto del principio de la presunción de inocencia", ha asegurado la APM.

Finalmente, ha señalado que, "como subraya el Código Europeo de Ética Periodística, las personas que tienen funciones en la vida pública tienen el derecho a la protección de su vida privada, salvo en los casos en que ello pueda tener incidencias sobre la vida pública". "Solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento", ha concluido en el comunicado.