La edil de Valladolid Toma la Palabra ha detallado que la empresa que llevará a cabo la gestión del ciclo del agua hasta el próximo 30 de junio sigue sin proporcionar los datos sobre todo relativos al detalle de las nóminas y los complementos retributivos de los trabajadores de la empresa. Los datos son necesarios para completar el documento de subrogación en la nueva entidad pública empresarial que ha creado el Ayuntamiento para ejercer esta gestión.
Esa demora ha llevado al equipo de Gobierno a abrir un expediente a la compañía, perteneciente al grupo Agbar, el cual se comunicará en los próximos días, según ha explicado Sánchez, al tiempo que ya se ha propuesto un técnico municipal como instructor del proceso, que como ha recordado la edil contempla multas las cuales según se informó a la prensa el pasado viernes podrían llevar a los 3.000 euros diarios.
La edil de Medio Ambiente entiende que esta acción del Ayuntamiento busca cumplir una serie de garantías para que los ayuntamientos puedan tener datos de trabajadores, y ha aseverado que las informaciones no pertenecen a la empresa privada, sino "al Ayuntamiento".
Esta actuación por parte de la empresa, según María Sánchez, responde a la estrategia basada en "obstaculizar y poner palos en las ruedas" a la remunicipalización del agua, ya que considera también que la medida cautelar de prórroga del contrato que reclamaron al Juzgado y que ha sido denegada buscaba mantener la gestión más allá del 1 de julio para "seguir obteniendo beneficios".
María Sánchez ha mantenido este martes una reunión con el Comité de Empresa de Aguas de Valladolid, al que convoca periódicamente para realizar un seguimiento del proceso de remunicipalización. En este caso, se ha analizado la decisión judicial de denegar las medidas cautelares propuestas por la empresa privada a la espera de que se falle el recurso presentado.
En este sentido, la edil ha reiterado que el equipo de Gobierno va a "esperar con cautela y prudencia" a que el Juzgado se pronuncie sobre la otra solicitud de medidas cautelares planteada por la Abogacía del Estado.
Mientras tanto, ha recalcado que su equipo trabaja con tranquilidad para hacer respetar la decisión democrática tomada en el Pleno extraordinario que se celebró el pasado 30 de diciembre.
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